El que fuera jefe de la Sección de Sanidad y Producción Vegetal de Valladolid, Jesús E.V, acusado junto a su hermano de alterar en 2010 el Registro Vitícola para percibir de forma ilegal ayudas por derechos de plantación de viñedos, ha alegado hoy que las manipulaciones pudo realizarlas cualquier trabajador de su departamento ya que era habitual que éstos utilizaran su clave y NIF para realizar grabaciones en dicho archivo.

El funcionario, durante el juicio visto hoy para sentencia en la Audiencia de Valladolid, donde ha respondido como autor de un delito de falsedad en documento público en concurso ideal con otro intentado de estafa—Fiscalía le piden seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial y multa de 5.760 euros—, ha rechazado de plano la alteración del Registro Vitícola que hizo a Bodegas Los Matucos, propiedad de ambos hermanos, acreedora de una subvención de 46.000 euros por derechos de plantación de 11,6 hectáreas de viñedos en la localidad vallisoletana de Valdearcos.

"En la sección trabajaba mucha gente, desde auxiliares administrativos e incluso contratatados laborales de Tragsa, que en muchas ocasiones usaban mi clave", ha insistido Jesús E.V, quien, al igual que su hermano Luis Amalio, que se expone a una condena de veintiocho meses de cárcel y multa de 2.160 euros como cooperador necesario, ha incluso asegurado desconocer que las parcelas de Valdearcos objeto del expediente de plantación y ayuda ni siquiera contaban con viñas plantadas.

Lo cierto es que los días 23 de febrero y 17 de marzo de 2010 alguien realizó en el registro dos grabaciones, en la primera dando de alta dos plantaciones de 11,6 hectáreas de viñas en Valdearcos y en la segunda dándolas de baja y registrando idéntica extensión de derecho de replantación en favor de Los Matucos, a fin de percibir ayudas de la Administración regional para tal cometido.

"relevancia total" de las alteraciones

Tales alteraciones tuvieron una "relevancia total", como así ha advertido un excompañero de trabajo de Jesús E.V. cuando este ocupaba la Jefatura de la Sección de Sanidad y Producción Vegetal en Valladolid, ya que de no haber sido efectuadas jamás se hubiera autorizado a posteriori la concesión de ayudas.

"Las ortofotos cotejadas primero, una de ellas de 1999, y más tarde varias inspecciones en Vadearcos nos llevaron a descubrir que en aquellas parcelas no había habido viñas plantadas al menos en los últimos doce años", ha explicado el técnico Julio R. de la T, quien también ha recordado las irregularidades existentes en el expediente relativo a otra parcela de Los Matucos en San Martín de Rubiales (Burgos), pues los acusados habían presentado solicitud de plantación para la campaña 2010/2011, cuando casi 7 hectáreas habían sido ya plantadas, sin autorización, en 2009.

Fueron precisamente técnicos de la citada sección los que se percataron de las irregularidades y dieron la voz de alarma, ante lo cual las subvenciones concedidas por la Junta por importe de 46.000 euros fueron paralizadas.

No conoce ni sus viñedos

Por su parte, el hermano del funcionario acusado y también imputado, Luis Amalio E.V, se ha desmarcado de las gestiones llevadas a cabo para acogerse a las ayudas de plantación, incluso de la inicial solicitud presentada el 28 de mayo de 2010 en Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Valladolid, ya que, como así ha mantenido, ni siquiera tenía conocimientos para tramitarla vía telemática.

"Todas esas cosas las llevaba Jesús. No tengo ni idea de ordenadores y mucho menos de tramitar una solicitud a través de la web de la Junta", ha declarado Luis Amalio, quien, pese a añadir que su cometido se ceñía exclusivamente a labores propias de la bodega, ha sorprendido a propios y extraños al coincidir con su hermano en que desconocía si tenía o no viñedo en Valdearcos.

Entre los testigos que han declarado tras los acusados, cuyo letrado solicita una sentencia absolutoria, la viceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús Pascual, se ha limitado a indicar que en su momento le fue remitido el expediente relativo a Jesús V.E. y que entonces lo elevó a la Secretaría general tras percatarse de que la conducta del funcionario investigado podía derivar en algún tipo de responsabilidad disciplinaria porque, "en lo sustancial, se dejaba entrever que había hecho un uso irregular de su clave de acceso para manipular algún tipo de información a la hora de grabar en el Registro Vitícola".