Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la convalidación de estos dos decretos, para la que el PSOE-A necesita el apoyo o la abstención de al menos uno de los otros dos grupos políticos —PP-A e IULV-CA—, es el único punto del orden del día que figura en la convocatoria de la Diputación Permanente.

El decreto-ley de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo prevé destinar más de 422 millones de euros y recoge los nuevos programas para la contratación indefinida de jóvenes y mayores de 45 años, el retorno del talento y el fomento y consolidación de la actividad autónoma, que se prolongarán hasta 2016.

Asimismo, se incluye el refuerzo del programa Emple@Joven y la creación del nuevo Emple@25+. Entre otras novedades, destaca la adaptación al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la ampliación a seis meses del periodo mínimo de contratación de los beneficiarios y los incentivos a la contratación indefinida para los jóvenes que han realizado prácticas profesionales o son titulares del Bono de Empleo Joven.

Según los datos facilitados hace dos semanas por el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, la aplicación del nuevo decreto ley se prevé que tenga un impacto de 60.621 nuevos empleos. Entre ellos destacan los relativos a la constitución de 3.100 autónomos, 1.000 prácticas profesionales, 14.600 contratos de Bono Joven y 8.333 contratos a mayores de 45 años.

DECRETO-

Ley de gestión integrada de calidad ambiental

Por su parte, el decreto ley que modifica la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) para adaptarla a la Ley 21/2013 estatal de Evaluación de Impacto Ambiental tiene como principal objetivo evitar problemas de interpretación y discrepancias entre ambas normas, garantizando tanto el mantenimiento de los procedimientos simplificados vigentes en la comunidad autónoma como la seguridad jurídica para los distintos operadores económicos e institucionales.

Junto con esta adaptación, el decreto ley también incluye un cambio en la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, con el fin de reforzar la protección de los recursos hídricos en los procesos de elaboración de la planificación urbanística y de ordenación del territorio, así como una habilitación para adquirir vacunas contra el virus de la lengua azul que afecta a las cabañas bovina y ovina, y una actualización de las tasas por inspecciones sanitarias en buques congeladores y factoría.

En relación con la legislación de calidad ambiental, se introducen tres novedades principales. Por un lado, los ajustes normativos permitirán mantener el modelo de Autorización Ambiental Unificada (AAU), vigente en Andalucía desde la entrada en vigor de la Ley GICA en 2007 pero no previsto en la legislación básica estatal. En segundo lugar, se unifican los procedimientos de evaluación ambiental de los planes y programas de las administraciones públicas, lo que agilizará los trámites que afectan al planeamiento urbanístico y a otras estrategias de planificación.

Finalmente, se elimina el procedimiento de calificación ambiental hasta ahora aplicable a 35 actividades económicas de bajo impacto, para las que tan sólo será necesaria la presentación de una declaración responsable de los efectos ambientales por parte de sus promotores.