El médico pediatra de nacionalidad colombiana acusado de haber abusado sexualmente de, al menos, seis menores de edad cuando ejercía en un centro de salud de Púlpí (Almería) no será extraditado a España para ser enjuiciado hasta que cumpla una condena pendiente en su país natal por abusar de un niño de nueve años.

La Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia ordenó la extradición de C.A.R.L., de 42 años, en julio de 2014 al estimar la petición tramitada por el Gobierno de España a raíz de que el Juzgado de Instrucción 2 de Roquetas de Mar (Almería) abriese causa contra él como presunto autor de delitos de abuso sexual sobre menores de 13 años y de abuso sexual continuado.

El arresto se llevó a cabo hace ahora un año en el Barrio Las Mejoras Públicas de la ciudad de Bucaramanga, en Colombia tras la labor conjunta de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía colombiana, en colaboración con la Guardia Civil en España.

Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que el Gobierno colombiano dispuso el pasado diciembre diferir la entrega de C.A.R.L. a las autoridades judiciales españolas hasta que cumpla los 38 meses y 25 días de cárcel a los que fue condenado en 2012 a raíz de la denuncia del padre de una de sus víctimas.

En concreto, se consideró acreditado que había abusado de un niño de nueve años que pasó la noche en su casa, junto a otros dos compañeros, y bajo el permiso de su profesora, quien aceptó el ofrecimiento del facultativo, quien por entonces era director de un hospital. Fue el menor quien alertó describiéndole como un "tipo torcido".

Los magistrados subrayaron entonces la profesión que ejercía "lo que motivó su acceso al ambiente escolar" y "lo que le facilitó la confianza" del pequeño para que pudiera desarrollar su "perversa conducta". No obstante, la Corte no le inhabilitó profesionalmente.

C.A.R.L., a quien se investigó en relación a hechos similares en Barcelona, ejerció como pediatra hasta septiembre de 2013 en Almería tras llegar a la provincia en 2008. Accedió al SAS por una bolsa de empleo. Supuestamente, y según las diligencias del juzgado instructor, se ganaba la confianza de los padres ofreciéndose para cuidar a los niños los fines de semana en su domicilio de Aguadulce, en Roquetas de Mar.

Hijos de madres solteras

Para acceder a la extradición y dictar resolución en positivo, la Corte Suprema tuvo en cuenta la denuncia de las madres de los menores, que principalmente eran madres solteras o divorciadas con problemas económicos y de origen sudamericano. En esta línea, hacía alusión a la primera denuncia, de julio de 2013, en la que la progenitora de un niño de ocho años daba cuenta de presuntos abusos sexuales mientras el menor estaba a cargo del pediatra en su casa.

Posteriormente, otra madre denunció también que sus dos hijos, de 11 y 7 años, habían sido presuntas víctimas de los abusos sexuales del médico, de forma que trató incluso de forjar una "estrecha relación" con el más pequeño de ellos, de quien trató de ser su padrino y del que tenía una foto en su cuenta de Whatsapp. Según el relato de la progenitora, su comportamiento "se volvió obsesivo".

El fallo favorable a la extradición recogía, asimismo, el testimonio de los pequeños ante psicólogos adscritos al Emume de la Guardia Civil en la que ellos relatan presuntos comportamientos de C.A.R.L. durante el tiempo que acogía a los menores en su vivienda, donde los desnudaba y practicaba tocamientos, o se los llevaba a la piscina.

Igualmente, apunta al testimonio de una de las madres que vivió temporalmente en la casa del pediatra para trabajar como empleada interina y que relató que el hombre trataba a uno de los menores "como a una novia", si bien a la casa "iban muchos niños". Estas declaraciones han sido apoyadas además por dos testigos ajenos a los menores y las familias, que señalan la presencia de menores y comportamientos de carácter sexual entre el acusado y los niños.

C.A.R.L., quien se habría marchado de España de vuelta a su país natal por sospechas de haber sido descubierto, podría llegar a pagar una pena máxima de hasta 34 años de prisión en España.