El Fondo Social de Vivienda se creó en enero de 2013 con 5.891 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres sociales. Desde entonces, según el Ministerio de Economía y Competitividad, ha recibido 3.507 solicitudes de las que ha rechazado unas mil.

El número de solicitudes de 2014 fue de 2.061, lo que supone un incremento del 42%, debido al mayor número de familias que se pueden acoger al mismo después de las sucesivas ampliaciones de los requisitos. También se ha registrado un mayor conocimiento por parte de los potenciales beneficiarios, aquellos ciudadanos y familias más afectados por la crisis y que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca.

Las viviendas aportadas por los bancos para familias más afectadas por la crisis son para alquileres reducidos –entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar–. En un primer momento, el fondo expiraba a los dos años de su constitución (el pasado 17 de enero), pero el Gobierno lo ha prorrogado un año más, hasta enero de 2016.

En 2014, se recibieron 2.061 solicitudes, un 42% por encima de las 1.446 registradas en 2013. En conjunto, las peticiones suman 3.507 desde 2013, de las que 2.230 han sido aceptadas, 1.003, rechazadas, y 274 están pendientes de examinar. Así, tienen ya vivienda asignada 1.969 solicitudes y se han realizado 1.767 contratos (465 en 2013 y 1.302 en 2014).

Este fondo es una de las medidas, junto con el Código de Buenas Prácticas y la moratoria de desahucios, que el Ejecutivo ha puesto en marcha. Se pueden acoger al Fondo Social de Vivienda aquellas personas que hayan sufrido un desahucio después del 1 de enero de 2008 por una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario. Deben reunir una serie de requisitos económicos, como que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples calculado por 14 pagas (22.365,42 euros en 2015).

Además, deben cumplir con otros requisitos como ser familia numerosa, tener menores a cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, las víctimas de violencia de género, y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.