La mayoría de los trece imputados por el uso de 'tarjetas B' de Caja Madrid que han declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha coincidido al señalar que entendía que esta visa era un complemento salarial de libre disposición y que la entidad "se ocupaba" de su fiscalidad.

Así lo han explicado fuentes jurídicas después de que otros trece nuevos imputados por el uso de las tarjetas B de Caja Madrid hayan declarado en la Audiencia Nacional ante el juez Fernando Andreu, que no les ha impuesto ninguna fianza.

Andreu ha retomado los interrogatorios a los imputados, entre ellos, el expresidente de Renfe Miguel Corsini, que aunque ha reconocido que nunca en ninguna empresa le habían pagado así, ha dicho que entendía que esta tarjeta era un complemento de su sueldo, que era de libre disposición, y que tenía un límite de 25.000 euros anuales.

Corsini ha recordado ante el juez que ya ha devuelto el dinero que gastó mediante un ingreso en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Otro de los imputados que fue llamado a declarar ha sido el socialista Miguel Ángel Abejón, que fue vocal de la Comisión de Control de la entidad durante (2001 y 2011) y que gastó con su tarjeta 106.749 euros.

Fuentes jurídicas han asegurado que Abejón ha dicho ante el juez que entendía que la tarjeta que le dio Caja Madrid era un complemento a su retribución, que era de libre disposición, y aunque tenía límite mensual, la entidad le comunicó que no tenía que justificar los gastos.

De la misma manera, el exvocal del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid Fernando Serrano Antón, que representaba a la Comunidad de Madrid en la entidad, al igual que el resto de imputados, ha indicado también que la citada tarjeta que formaba parte de su "paquete retributivo" era de libre disposición, y en su caso tenía un límite de 25.000 euros al año.

Serrano Antón, que gastó con visa 78.500 euros, ha dicho ante Andreu que la gente hablaba con total libertad de las tarjetas B en la Comisión de Control de Caja Madrid.

El exsecretario general de la patronal madrileña Alejandro Couceiro, que gastó más de 70.000 euros, ha asegurado, según las mismas fuentes, que la visa se entregaba en la primera reunión anual de la Comisión de Control.

En la misma línea se ha expresado ante el juez Andreu el exdiputado socialista José Acosta (62.300 euros), que ha manifestado que, cuando la entidad le entregó la tarjeta B, le dijo que fuera prudente, no en la cantidad del gasto, sino en el objeto de la compra.

"La tarjeta no está para gastos eróticos", ha relatado Acosta que le dijeron en la entidad, según las mismas fuentes consultadas.

El exconsejero de Red Eléctrica Juan Iranzo (46.800 euros) ha reconocido ante Andreu que pese a asistir a varios consejos de algunas compañías nunca había visto una retribución igual, pero no lo vio raro y entendió que era un complemento a su retribución.

Trece nuevos imputados por el uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid han sido interrogados hoy por el juez Andreu, que ha llamado a declarar este a otros tantos, entre los que se encuentra el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (223.900 euros), uno de los hombres de confianza de Miguel Blesa, Matías Amat (431.000 euros); o el miembro propuesto por CC OO Gabriel María Moreno (20.400 euros).

También declararán el integrante de la Comisión del Control a instancias del PP Jorge Rábago (8.000); el exdirector de organización de Caja Madrid Ricardo Morado (448.300); el expresidente de NH Hoteles Mariano Pérez Claver (379.500); y el exdirector de comunicación de la caja Juan Manuel Astorqui (292.993).

Igualmente están llamados ante el juez el exconsejero ejecutivo Carlos María Martínez (276.000); la ex directora gerente de la Obra Social Carmen Contreras (266.800); el exresponsable de créditos a empresas Carlos Vela (249.200); el citado Spottorno; el exresponsable de Riesgos Ramón Martínez Vilches (91.200) y el expresidente de Inversis Luis Enrique Gabarda (139.700).

Andreu ha citado en total a 67 de los 82 usuarios de las 'tarjetas B' con las que cargaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.