Un grupo de profesionales del sector de librerías y papelerías se han concentrado este jueves a las puertas de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, en señal de protesta por la situación que vive este segmento y, de manera particular, por las actividades comerciales "ilícitas" que, aseguran, se están dando en centros educativos sostenidos con fondos públicos que amparan la compra y venta de libros de texto y lecturas complementarias, así como de material escolar.

El portavoz de la Asociación Independientes de Libreros y Papeleros de Andalucía (Asilipa), Francisco Javier Arquillo, ha explicado a Europa Press que la concentración, sin incidentes, ha transcurrido de 11,00 a 12,00 horas, con la presentación de un escrito ante la Delegación en el que se alerta de manera concreta de la problemática.

Y es que Asilipa critica la "connivencia" de la Junta y la Inspección educativa con estas actividades, señalando que, de hecho, son las propias editoriales y almacenes mayoristas las que acuden a los mismos centros "a ofertar no solo a los directores, secretarios e incluso profesores, sino a las asociaciones de madres y padres de alumnos y cooperativas que incumplen los requisitos legales de registro, estatutos y presentación de cuentas".

Se trata de un "mercadeo paralelo" con el "agravante" de que es "en condiciones mucho más ventajosas que las que los profesionales del sector soportamos", subraya el colectivo, que lamenta el "abuso de posición dominante" que se establece, así como la "obstaculización de la libre competencia", la generación de circulación de dinero negro y la "intermediación" de funcionarios públicos.

"Ignoramos qué intereses económicos hay para permitir a determinadas editoriales y mayoristas de papelería campar a sus anchas y ejercer patente de corso contra sus propios clientes, las otras distribuidoras y los libreros y papeleros", ha subrayado la asociación.

A pesar de que todo ello está denunciado ante la administración, la respuesta es "nula en la mayoría de los casos, y cuando ha habido alguna, ha resultado inútil y sin efecto", manifiesta Asilipa, que también critica la "opacidad" para con el sector en lo tocante a los nuevos materiales curriculares para el próximo curso y su coste.