El consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha indicado este miércoles que la implantación del nuevo modelo de oficina judicial y fiscal está en marcha y ha trasladado que se está ultimando la negociación sobre la relación de puestos de trabajo (RPT).

"Cuando culmine esa negociación, que será muy pronto, las pondremos en marcha", ha dicho a preguntas de los periodistas en Almería, en donde está previsto que los juzgados de El Ejido, junto a los Vélez-Málaga, y la Fiscalía de Sevilla, sirvan para la puesta en marcha experimental del modelo.

De Llera ha remarcado que, "sin duda", comenzarán a funcionar a lo largo del ejercicio 2015 tras alzarse la paralización de plazos para afrontar la negociación, "si yo sigo y si no, también porque el que llegue tendrá la responsabilidad de hacerlo, por lo que se pondrán en marcha", ha matizado.

Ha hecho alusión en este punto al acuerdo alcanzado en diciembre con los sindicatos "más representativos" y lo ha tildado de "muy ventajoso para todas las partes" al tiempo que ha recordado que de este "quedaron descolgados UGT y CCOO por razones evidentes que no afectaban ni a la oficina judicial ni a la justicia".

Con el nuevo modelo aprobado por la Junta, se sustituirá la configuración vigente hasta ahora —juez, secretario y personal adscrito a cada órgano— para impulsar un sistema más eficiente con medios personales y materiales basado en servicios comunes de trabajo. Con ello, se favorecerá una mejor distribución del trabajo en equipo y la especialización del personal, además de ofrecer a la ciudadanía un servicio próximo y de calidad que agilizará los procedimientos y reducirá los tiempos de respuesta.

En el nuevo modelo de oficina judicial se distinguen dos tipos de áreas de trabajo: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las primeras, que asistirán directamente a los miembros de la judicatura, estarán dirigidas por secretarios judiciales y de ellas habrá tantas como juzgados. Las segundas, sin estar integradas en órganos judiciales concretos, asumirán labores de gestión y apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.

Estos servicios comunes procesales, que también estarán dirigidos por secretarios judiciales, serán de cuatro clases dependiendo de las tareas encomendadas: el general, para trabajos centralizados de gestión y apoyo; el de ordenación del procedimiento, que se ocupará de todos aquellos aspectos en los que no resulte imprescindible la labor de un miembro de la carrera judicial; el de ejecución, en el que se tramitarán asuntos que se encuentren en fase ejecutiva sin que tampoco requieran de esta intervención, y el de partido judicial.

Estos últimos, para partidos sin separación de jurisdicción, se configurarán a su vez en dos secciones: procesal general y de ejecución.

La oficina fiscal

En cuanto a la oficina fiscal, se establece la posibilidad de crear, cuando así lo aconsejen las dimensiones o el volumen de asuntos, cuatro áreas de trabajo formadas por diferentes equipos de funcionarios: de apoyo a la jefatura, para asistir al fiscal superior de Andalucía o a cada fiscal jefe; de soporte general, que centralizará la entrada y la tramitación de la documentación recibida por el Ministerio Público; de apoyo procesal y a la investigación, y de apoyo a la Sección de Menores.

El nuevo modelo organizativo contempla que el servicio común procesal general de la oficina judicial proporcionará a la oficina fiscal el apoyo necesario para el desarrollo de algunas funciones, siempre y cuando la racionalización del gasto y la optimización de recursos así lo aconsejen.