El titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, Fernando Caballero, no ha suspendido la venta por lotes de Laboratorios Pérez Giménez, según ha confirmado este martes el propio magistrado, y ello a pesar de que la sociedad Globalaeronautic depositó la fianza de 81.750 euros que le exigió el propio juez como condición para suspender la venta por lotes de la farmacéutica mientras la Audiencia de Córdoba resuelve sobre el derecho de dicha sociedad a hacerse con la empresa.

En una rueda de prensa improvisada, Caballero ha explicado que aún no ha paralizado la venta por lotes de la farmacéutica cordobesa, cuyo concurso tramita desde hace más de tres años, porque todavía espera el informe que le ha pedido a la Administración Concursal sobre si "el deposito" de cheques bancarios realizado por Globalaeronautic en una notaría, por la citada cantidad de 81.750 euros, "cumple la garantía" que se requiere "para suspender la fase de liquidación" de los laboratorios "mientras resuelve la Audiencia".

En cuanto a la petición que le ha hecho Globalaeronautic de que le facilite el acceso, que todavía no le ha dado la Administración Concursal, para comprobar el estado de los materiales e instalaciones de la farmacéutica, el juez ha dicho que también espera que los administradores concursales "informen sobre dicha petición".

Esta es la postura del magistrado, después de que, precisamente, Globalaeronautic haya alegado que los concursales han desoído todas sus peticiones al respecto, aun cuando dicha comprobación se hace necesaria, a juicio de Globalaeronautic, no ya porque sea la única sociedad que ha depositado dinero (más de un millón de euros ya) para hacerse con la empresa, sino porque la farmacéutica no tiene ya personal para su mantenimiento, tras el despido de toda la plantilla, y porque tiene además cortado, por impago, el suministro eléctrico.

Por otro lado, Fernando Caballero ha dicho no saber, aunque espera "que sea lo más pronto posible", cuándo entregará la Administración Concursal a los extrabajadores la documentación que precisan para que puedan reclamar ante el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) al menos una parte de las indemnizaciones que les corresponden, y ello después de que éstos llevan más de tres años sin cobrar ni una nómina, necesitando también estos certificados para que puedan solicitar la prestación por desempleo a la que tengan derecho.

Tramita la calificación del concurso

Por último, el titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, quien ha confirmado que en un par de meses se puede incorporar a la plaza que ya tiene habilitada en la Audiencia Provincial de Córdoba, aunque ha solicitado una prórroga de dos meses para dejar cerrados diversos asuntos de su todavía juzgado, se ha referido a cómo ya está tramitando la denominada "sección sexta" que se refiere a "la calificación del concurso", es decir, en la que se determina si la gestión de los administradores sociales (que no concursales) de Pérez Giménez son responsables de la situación de la empresa y deben asumir responsabilidades jurídicas y económicas por ello.

De hecho, "la Administración Concursal ya ha emitido un informe", cuyo contenido no ha querido desvelar Caballero, mediante el que "califica si el concurso es fortuito o culpable" y, en este segundo caso, "quienes son las personas afectadas", de modo que ahora "se abrirá un proceso para depurar las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido todas las personas que han sido administradores de hecho o de derecho y cómplices en los dos años anteriores a la declaración del concurso".

Ahora, tras el informe de la Administración Concursal, "se ha dado traslado al Ministerio Fiscal", para que, a su vez, informe sobre la calificación que da al concurso y, si es de culpable, también se dará traslado a los posibles afectados, es decir a los anteriores administradores de la farmacéutica, para los que se puede solicitar "que se les inhabilite como administradores por un plazo de entre dos y 15 años, que pierdan cualquier derecho que pudieran tener en el concurso (al cobro de créditos), y que se les condene a indemnizar por los daños y perjuicios causados y a responder con su patrimonio personal de todos los créditos que no sean abonados en el concurso".