La directora de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), María Victoria Román, organismo adscrito a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y la directora general de Economía Social, Angelina Ortiz, han mantenido un encuentro con representantes del sector de la economía social para abordar propuestas de mejora de la regulación económica y reducción de trámites administrativos, en el marco de las nuevas funciones de mediación que desarrolla la agencia.

Según indica Competencia en una nota, al encuentro han asistido representantes de Faecta, Feansal, Faeca y Cepes. A través de esta reunión, la Junta pretende que los colectivos de economía social "trasladen a las firmas de este sector la posibilidad de realizar aportaciones a la mejora de la regulación".

La iniciativa de mantener esta reunión se deriva de las nuevas funciones que la Ley 3/2014 de medidas normativas para reducir trabas administrativas a las empresas atribuye a la Agencia de Defensa de la Competencia, entre ellas, "promover y preservar el funcionamiento competitivo de los mercados" y "contribuir a mejorar su regulación económica". Para su cumplimiento, se atribuye a la Agencia una nueva función, como es "poner en relación, de una parte, a los operadores económicos y las personas consumidoras y usuarias o las organizaciones que los representen, y, de otra, a las autoridades y órganos competentes, acerca de los obstáculos y barreras que se detecten a la unidad de mercado".

Ha explicado que para dar cumplimento a esta función, la Agencia de Defensa de la Competencia ha implantado un sistema de mejora de la regulación económica "basado en la mediación como instrumento de resolución de los conflictos, con el objetivo de promover un clima favorable para la apertura de empresas, el desarrollo de los negocios y el empleo".

Este modelo, pionero en España, se basa en la participación de los operadores económicos y sociales (autónomos, empresas de la economía social, sociedades laborales, asociaciones de consumidores, sindicatos, organizaciones empresariales).

En concreto, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ha articulado un cauce de intermediación para que los operadores económicos, los consumidores y usuarios y las organizaciones que los representen "puedan poner de manifiesto los obstáculos y barreras detectadas con el objetivo de agilizar las actividades económicas".

El objetivo es "desarrollar un modelo de relación con los agentes económicos que permita utilizar como instrumentos más efectivos el diálogo y el consenso".

Así, la Agencia podrá "poner en relación" a los operadores económicos y consumidores con las autoridades municipales o de la propia Administración autonómica que sean reguladoras o tramitadoras de los procedimientos que les afecten. En esa labor de detección de trámites "injustificados" y mediación ante las administraciones, la agencia tendrá la facultad de emitir informes donde deje constancia de las vulneraciones a la unidad de mercado.

Para facilitar esta labor recientemente se han aprobado unos formularios normalizados disponibles a través de la Plataforma Clara, que permite presentarlos a cualquier hora y cualquier día del año.

El acceso al nuevo formulario a través de Internet y su presentación telemática mediante el uso del certificado digital cumplen con el objetivo de acercar a las empresas y los ciudadanos por vía electrónica la información sobre los procedimientos y los servicios de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, organismo independiente encargado de promover y preservar el funcionamiento competitivo de los mercados.