El alcalde del municipio mallorquín de Lloseta, Bernat Coll, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Baleares la condena de 28 años de inhabilitación y 3.600 euros de multa que le fue impuesta por el Juzgado de lo Penal número 6 de Palma por cuatro delitos de prevaricación a raíz de la concesión irregular de varias licencias, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El abogado de Coll, Gabriel Garcías, ha presentado el recurso de apelación a última hora de esta mañana, mientras que también ha impugnado la sentencia en representación de Pere Joan Martorell -exdirector general de Cultura del Govern durante el último Govern del Pacte-, Juan Coll y María Alemany, quienes eran regidores en el Consistorio en los años en que se dieron los permisos -entre 2004 y 2008-. Todos ellos fueron condenados a la misma pena que el primer edil.

La defensa de los acusados se opone así a las condenas y reclama la revocación de la sentencia. Durante su declaración en el juicio, el primer edil -quien se dio de baja del PSIB tras la vista oral- justificó su actuación en el hecho de que "a veces hay que tomar decisiones no ajustadas a la Ley" puesto que en ocasiones el objeto de las licencias "es más favorable para el pueblo" que no los informes en contra con los que éstas puedan contar.

Sin embargo, la magistrada Margarita Beltrán señalaba en su sentencia que la motivación particular de los acusados no impide que todos ellos incurrieran en delitos de prevaricación urbanística y administrativa, conscientes de que su actuación era contraria a la Ley.

En concreto, tal y como considera probado la sentencia, una de las actuaciones delictivas se produjo el 29 de octubre de 2004, cuando los inculpados aprobaron en Junta de Gobierno ceder a la mercantil Fona Artists SL la gestión y producción musical del teatro municipal hasta 2011, por 60.000 euros anuales, lo que contemplaba el pago por parte del Consistorio de las cuotas del préstamo que la entidad debía contratar para llevar a cabo las mejoras necesarias en el recinto teatral.

Mientras tanto, el 10 de diciembre de ese año los acusados, pese a ser conocedores de otro informe desfavorable del secretario, acordaron facultar al alcalde para otorgar escritura pública por la que se vendían dos solares propiedad del Ayuntamiento a Construcciones Comas, a cambio de la realización por ésta de un centro de día con dos plantas y un tanatorio municipal, revirtiéndose la operación a finales de 2007.

La resolución judicial destaca asimismo cómo el 22 de abril de 2005, los inculpados acordaron, por unanimidad, la concesión de una licencia urbanística para la construcción de una vivienda pese a contar, también, con el informe desfavorable del arquitecto municipal y del secretario por no cumplirse la normativa urbanística en torno a las dimensiones de la fachada.

Otro de los episodios narrados tuvo lugar el 3 de noviembre de 2006, cuando los altos cargos acordaron otorgar otra licencia para construir viviendas, garajes y piscinas a la empresa Lloseta Inversiones S.XXI, que también contaba con informe desfavorable. Finalmente, el 9 de marzo de 2007 decidieron por unanimidad y sin contar con el visto bueno de arquitecto y secretario, la concesión de una licencia para el impulso de un proyecto de telecomunicaciones en los anteriores inmuebles.

"Fue en definitiva el particular criterio de los miembros de la Junta de Gobierno lo que les condujo a actuar como hicieron, y en ello reside la arbitrariedad, conociendo todos ellos que no podían contratar directamente", incidía la jueza. De hecho, aseveraba que "sea cual fuere la motivación subyacente, queda ésta extramuros" del debate jurídico.