Los sindicatos con presencia en la Mesa Sectorial de Educación de Andalucía —CCOO, CSIF, ANPE, Ustea y FETE-UGT— han asistido este jueves a la primera mesa convocada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía para la negociación de un acuerdo de garantías para el profesorado como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

La crítica generalizada, según han indicado a Europa Press fuentes sindicales, ha sido la de la ausencia de presentación de documentación o borrador con datos concretos por parte del departamento que dirige Luciano Alonso, habiendo quedado el encuentro en una mera "declaración de intenciones y puesta de voluntades".

Así, y frente a la petición sindical de que los cambios propiciados por la Lomce afecten lo menos posible al currículum, la Junta ha expuesto que se está acometiendo el estudio sobre la incidencia de la reforma educativa en el mismo y que los datos sobre afección concreta no estarían disponibles hasta mediados de mes.

Sin embargo, en el seno de la reunión se ha opuesto que los acuerdos son lo suficientemente generales como para no precisar de esos datos y que, de hecho, uno de los últimos se hizo en febrero tras publicación normativa en diciembre

"Han mareado la perdiz", resumen, para explicar que la actitud de la administración autonómica ha sido la de mera oyente de propuestas sindicales, entre las que se encuentran el aumento de plantilla, la resolución de la conflictividad relacionada con la movilidad del profesorado, la cobertura de sustituciones, la seguridad jurídica o ver la incidencia que tendrá entre el profesorado la desaparición o reconversión de algunas materias.

El principal argumento sindical apunta a la afección sobre los puestos de trabajo y condiciones laborales que, "desgraciadamente", suele darse tras la aprobación y vigencia de una nueva norma educativa, con modificación de currículum educativo, razón por la que el acuerdo de garantías se convierte en una reivindicación crucial para solventar las problemáticas que surjan.

De hecho, la seguridad jurídica y las garantías del personal docente es el hilo conductor de las alegaciones que, por ejemplo, el sindicato CCOO ha realizado al 'borrador cero' de instrucciones sobre la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato en Andalucía, planteado por la Junta con motivo de la "transición" que planea el Ejecutivo andaluz ante la implantación del desarrollo de la reforma educativa durante el curso escolar 2015-2016, de igual forma a lo que ya se hizo con Primaria el curso pasado.