La familia de origen saharaui y seis hijos, cinco de ellos menores de edad, que hace una semana fue desahuciada de su vivienda por el impago de la renta a su propietario, en Pinos Puente (Granada) sigue sin encontrar una casa donde vivir en la localidad, pese a los intentos que está haciendo el Grupo Stop Desahucios para darles una solución.

Según han informado a Europa Press fuentes de este colectivo, la familia no quiere marcharse de Pinos Puente, puesto que los niños están "perfectamente integrados" en él y escolarizados. Por ahora, una entidad financiera se ha ofrecido a darles un alquiler en Atarfe, pero en Pinos no han tenido suerte, ni "colaboración", según Stop Desahucios, del Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSOE.

También los activistas de Stop Desahucios han intentando que un banco que posee dos viviendas vacías en la localidad se las ceda, pero tampoco las negociaciones han sido fructuosas, por lo que esperan que sean las administraciones públicas las que tomen cartas en el asunto. De hecho, el padre y el único hijo mayor de edad, de 20 años, siguen alojados en un hostal, mientras que la madre y sus otros cinco hijos continúan en la casa de unos amigos, donde ya convivían cuatro personas.

El desalojo de la vivienda, que pertenece a un particular que también tiene problemas económicos y que quiere dar la casa como dación en pago al banco al que pertenece, se produjo este pasado miércoles en la Carretera de Córdoba número 62, en Pinos Puente, por lo que la familia tuvo que sacar sus cosas, sin saber a dónde ir. Finalmente, y acompañados de activistas de Stop Desahucios, se encerraron en el Centro de Servicios Sociales de la localidad, dependiente de la Diputación, pero tuvieron que abandonar las instalaciones tras ser desalojados por la Guardia Civil.

Según Stop Desahucios, el padre se puso en contacto con este grupo una semana antes, cuando al día siguiente estaba previsto su desahucio por orden del Juzgado de Primera Instancia número 17, pero la decisión se aplazó unos días hasta que fue ejecutado.

Ahora la familia, con sus hijos escolarizados en Pinos Puente, intentará lograr una solución a su situación, derivada de la mala coyuntura económica que han sufrido después de que el padre se quedara en paro, lo que le ha impedido pagar el alquiler.