La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha reclamado este miércoles "un gran pacto" para el mantenimiento de la Ley de Dependencia a través del cual el Estado compense la "pérdida de ingresos" y el "recorte" que sufren las comunidades autónomas por parte del Estado y que les ha llevado, en el caso de Andalucía, a tener que asumir el "80 por ciento del sostenimiento de la ley", cuando la ley establece una financiación al 50 por ciento.

Así lo ha dicho la consejera en declaraciones a los periodistas a la entrada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, cuando ha mantenido que la ley se ha ido "desmontando" y "devaluando" por "la vía del decreto y de la inanición presupuestaria". "Queremos que se mantenga porque es totalmente sostenible", ha añadido.

A su juicio, esa "devaluación" queda de manifiesto en aspectos como quitar el alta en la Seguridad Social de las cuidadoras en el entorno familiar, que supuso que 50.000 personas, casi todas mujeres, perdieron la Seguridad Social de un día para otro; o la reducción de los ingresos por el cuidado en el entorno familiar. "La ley debiera volver al Pacto de Toledo y hay que estudiar su sostenibilidad porque las comunidades no podrán mantenerla en solitario", ha reclamado la consejera socialista.

Sánchez Rubio ha expuesto que Andalucía se ha enfrentado a un recorte de 400 millones de euros del Estado y que ha tenido que "completar esa falta", por lo que la región destinará este año un total de 1.131 millones al mantenimiento de la Ley de Dependencia que, según ha expuesto, "es prácticamente lo mismo que el Gobierno central dedica para toda España".

La consejera también ha expuesto que como el Estado ha hecho "incompatibles dos prestaciones" la Junta se ha encontrado con que tiene que financiar "prácticamente en solitario" algunas, como la teleasistencia, que suele ser de la que la gente prescinde en primer lugar.

Incremento del 10%

En la nueva legislatura

"Estamos en el entorno del 80 por ciento sostenimiento de la ley, es un esfuerzo muy importante para la comunidad autónoma y el Gobierno tiene que ir compensando esa pérdida de ingresos para el sostenimiento de la ley", ha reclamado la consejera, que también ha dicho que el Gobierno andaluz ha comprometido un incremento del 10 por ciento en esta nueva legislatura y subrayado que la ley es "fundamental" como apoyo a las familias y también en lo que se refiere a la generación de empleo.

Por otro lado, en el consejo de este miércoles se distribuirán los fondos del Plan Concertado de Servicios Sociales que, según ha dicho Sánchez Rubio, ha sufrido una disminución de un 68 por ciento en estos años. En esa línea, ha expuesto que el Estado destina 27 millones de euros para el Plan Concertado y la Junta, en Andalucía, 34.

"Al final los Servicios Sociales recaen en un 40 por ciento en la comunidad autónoma y la mayoría en la comunidad y los ayuntamientos, mientras que el Estado está en un 2 por ciento, cuando tendría que ser un 33 por ciento cada administración", ha lamentado.

La consejera ha indicado que al desaparecer como competencia de los ayuntamientos, lo que pretende el Gobierno es "acompañarlo de la reducción de crédito". "En estos momentos, cuando la crisis repercute en las familias que menos tienen es como si nosotros en momentos de una emergencia sanitaria cerráramos los centros de salud. Son básicos para atender a las personas que peor lo pasan", ha concluido.