El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el nuevo decreto regulador de los centros de internamiento de menores infractores en Andalucía. La norma, que sustituye a la vigente desde 2008 y cumple con una recomendación planteada por el Defensor del Pueblo de Andalucía, dota de mayor homogeneidad a la organización y gestión de estos recursos públicos especializados en la reinserción de los jóvenes que cumplen medidas privativas de libertad impuestas por los juzgados.

El decreto otorga rango normativo a las políticas desarrolladas durante los últimos años por la Administración autonómica para mejorar la finalidad educativa y de atención integral de los centros, garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades de los menores, organizar los tipos de medidas e impulsar la cualificación de los profesionales.

De igual modo, se establecen las fases educativas, los programas para la atención de necesidades específicas y las normas de inspección por parte de la Consejería de Justicia e Interior.

Andalucía cuenta actualmente con 15 centros de internamiento, en su mayor parte gestionados por entidades sin ánimo de lucro a través de contratos de servicio público, que desarrollan programas para la ejecución de las más de 1.740 medidas judiciales privativas de libertad en régimen cerrado, semiabierto y abierto que dictan los juzgados andaluces, así como las relacionadas con tratamiento terapéutico.

Sus plantillas están integradas por más de 1.500 profesionales, entre psicólogos, educadores, trabajadores sociales, juristas y personal de seguridad y mantenimiento.

La Junta ha multiplicado por tres el número de plazas de internamiento desde que en el año 2000 se aprobó la Ley de Responsabilidad del Menor, pasando de 242 a las 766 actuales.

Asimismo, se ha triplicado el presupuesto dedicado a la intervención en justicia juvenil, de 28,5 millones a los más de 77 millones de euros de 2015. Esta experiencia está avalada por diversos reconocimientos, entre los que destaca el Premio a la Calidad de la Justicia 2013, concedido por el Consejo General del Poder Judicial.