El Tribunal Constitucional ha ordenado que los 1,7 millones de euros que debe recibir una madre por la retirada irregular de sus hijos no se paguen hasta que la interesada presente una fianza, decisión que se ha conocido dos días después de que el juzgado haya entregado efectivamente el dinero.

El TC, en un auto, dice que el objetivo de exigir dicha fianza es hacer frente al "riesgo de que, de producirse la entrega, no sea posible su reintegro futuro", dada la "aparentemente modesta capacidad económica de la beneficiaria".

No obstante, el alto tribunal hace saber a las partes que antepondrá la resolución de este recurso ante el "singular contexto en el que se inscribe", pues la madre sufre un grave cáncer y sobrevive en precarias condiciones.

Retirada irregular

Se da la paradoja de que este auto, que lleva fecha del 7 de mayo, no ha llegado hasta hoy al juzgado de Familia 7 de Sevilla, que el miércoles hizo entrega del dinero de Carmen Fernández, la madre que debe recibir esta indemnización por la retirada irregular de sus hijos Iván y Sara en 1996.

La entrega se hizo por orden de la Audiencia de Sevilla, que tomó esta decisión a la vista del silencio del TC, que no se había pronunciado sobre esta parte del pleito, a la espera de resolver sobre el fondo del recurso que había presentado la Junta de Andalucía como entidad condenada.

Fuentes judiciales dijeron que el juez de Familia, Francisco Serrano, se pronunciará el próximo lunes sobre la situación creada.

La fianza, fijada en 2006

Esta fianza ya fue la condición fijada por Serrano en junio de 2006, cuando se planteó la ejecución provisional de la sentencia de la Audiencia sevillana que condenó a la Junta, pero entonces el abogado de Carmen Fernández hizo saber la precaria situación económica de la mujer, que le impedía conseguir avales bancarios.

No obstante, el auto del TC anuncia que "dado el singular contexto" del presente caso, antepondrá la resolución del mismo a otros señalamientos "para paliar en lo posible las consecuencias" del retraso procesal.

La Junta de Andalucía fue condenada a indemnizar en 1,7 millones de euros a la madre por su "largo y tortuoso calvario" durante los diez años que pasó sin sus hijos, entregados en acogimiento a otra familia porque la madre padecía alcoholismo.

Uno de los hijos vive con ella

La madre, que reside en Madrid, recibirá este dinero cuando su hija, ahora de 16 años, vive voluntariamente con ella desde hace dos años y el niño, de 14 años, ha comenzado a visitarla regularmente.

La Audiencia de Sevilla, en la mayor cuantía concedida hasta ahora por este tipo de asuntos, otorgó a Carmen un amplio abanico de indemnizaciones que tuvo en cuenta el cáncer de pulmón que padecía y que los jueces consideraron "consecuencia directa o indirecta del sufrimiento soportado" y por lo tanto "lesión sufrida de manera ilegítima".

Parte de la indemnización por daño moral fue por la frustración de la madre al ver que perdía "su razonable expectativa" de recuperar a sus hijos, realidad que "se alejaba más y más, recreando un dolor que iba in crescendo, cual si a un cuerpo le van arrancando de forma lenta pero progresiva los distintos miembros", según la sentencia.