El Defensor del Pueblo recibió en 2014 un total de 259 quejas procedentes de Cantabria, lo que supone un 9,2% más que en 2013, y una solicitud de interposición de recurso de inconstitucionalidad frente a las 65 del año anterior, según consta en la memoria anual de esta institución, consultada por Europa Press, que recoge problemáticas relacionadas con la educación, el urbanismo o el acoso laboral.

En el informe, recogido por Europa Press, el Defensor del Pueblo censura que, aún dentro de la legalidad, la decisión de Cantabria, Murcia y Castilla La Mancha de no continuar prestando el servicio de transporte escolar a alumnos de pedanías o urbanizaciones distintos del área urbana principal del municipio en que se ubican los centros a los que asisten "implica el restablecimiento de obstáculos para el acceso a la educación" de algunos alumnos que viven en poblaciones alejadas y comunicadas de forma "deficiente" con los núcleos urbanos de los municipios en los que se ubica la oferta educativa.

El Defensor señala que las quejas ponen de relieve "una más de las consecuencias negativas que tienen para algunas familias, afectadas por limitaciones económicas y obligadas a conciliar la atención de los alumnos con sus horarios laborales, las restricciones de los últimos años respecto de la prestación de servicios educativos".

En lo que se refiere a la exención de pago de precios públicos en la universidad en el curso 2013-2014, el informe indica que Cantabria, Valencia, Navarra, País Vasco, Cataluña y Murcia se han limitado a aplicarla a los alumnos de Bachillerato y no a los de Formación Profesional, lo que "no es razonable".

Por eso, el Defensor inició de oficio una actuación de carácter general ante todas las administraciones afectadas con el fin de unificar el reconocimiento de esta bonificación en los precios de la matrícula del primer curso de los estudios universitarios a los alumnos que obtuvieron matrícula de honor en cualquiera de los estudios previos.

Las recomendaciones han recibido la aceptación expresa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte —en cuanto a la UNED-, así como del Gobierno de Cantabria, el Principado de Asturias, Junta de Extremadura, Xunta de Galicia, La Rioja, Región de Murcia, Gobierno de Navarra, Generalitat Valenciana, Gobierno Vasco y Generalitat de Cataluña.

En cuanto a los procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral, el Informe califica de "insuficiente" el esfuerzo realizado por Cantabria, Canarias y Extremadura al respecto, aún cuando esta vía es de "especial importancia" para la empleabilidad de quienes, por su falta de formación académica, encuentren mayores dificultades de acceso al mercado laboral, señala el texto.

URBANISMO

En materia urbanística el Informe señala que los problemas de ejecución incompleta de los planes y de las licencias de ocupación dadas a viviendas carentes de servicios básicos es uno de los más importantes, y uno de los ejemplos que cita es el denunciado por un ciudadano que lleva años esperando el abono de la indemnización por la expropiación de una finca integrada en el Sector 'Las Fuentes' del PGOU de Reinosa (Cantabria), a ejecutar por el sistema de compensación.

El Defensor del Pueblo se dirigió varias veces a la Junta de Compensación para que indicara los motivos del impago a los propietarios no adheridos, pero estas peticiones no fueron atendidas y se solicitó al Ayuntamiento de Reinosa información adicional.

En su respuesta, la entidad local no aventuró una fecha aproximada para la ejecución del sector aunque sí se comprometió a impulsarla, al considerar la gestión prioritaria para el municipio. De hecho, la Junta de Gobierno Local acordó en febrero de 2014 incoar sendos expedientes para sustituir el sistema de compensación por el de cooperación y para la disolución y liquidación de la Junta de Compensación. Por ello se finalizaron las actuaciones.

Otras quejas

Por otra parte, el Informe constata que Cantabria, Galicia y Ceuta no disponen de protocolos de actuación ni planes de prevención sobre acoso laboral, cuestión sobre la que tampoco aportan datos de incidencia.

También hay una queja en curso por falta de instalación de pantallas de insonorización en la autovía S-10 y en la carretera CA-240, ambas en Camargo.

Datos nacionales

La Oficina de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, incrementó sus actuaciones de oficio un 41 por ciento el año pasado, cuando inició 489 expedientes que en la mayoría de los casos versaban sobre inclusión educativa de alumnos con discapacidad, supervisión de acogida de inmigrantes, problemas sobre pobreza energética, cortes de suministro eléctrico y sistemas de facturación. En total, recibió 23.186 quejas ciudadanas, cifra en línea con la registrada el año anterior.

Así lo recoge el informe anual de la institución que Becerril ha presentado este miércoles a los presidentes del Congreso, Jesús Posada, y el Senado, Pío García Escudero; en la Cámara Baja, y del que se desprende que las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos a lo largo de 2014 versaron sobre asuntos sociales, como percepción de rentas mínimas o prestaciones de dependencia; problemas sobre impuestos estatales, autonómicos y locales; y retrasos en la administración de justicia.