El Defensor del Pueblo actuó en 2014 para evitar los riesgos asociados a los proyectos de fracturación hidráulica, también conocido como fracking, una técnica para la exploración y explotación de hidrocarburos y desestimó la solicitud de una asociación ecologista de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares a partir del cierre del almacén de gas de Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón), aunque reconoce que la evaluación de impacto ambiental del proyecto "habría sido insuficiente".

En concreto, sobre el fracking, realizó una sugerencia al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente respecto a la difusión de la información ambiental e inició una actuación con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre el permiso de investigación para el sondeo de Luena, en Cantabria y Burgos, para conocer las medidas que eviten los riesgos asociados al fracking. También ha reclamado al departamento que dirige José Manuel Soria más información sobre la técnica y su aportación al sistema energético español.

El informe que recoge la actividad de 2014 en la institución que dirige Soledad Becerril refleja que el empleo de esta técnica en España y en el resto de los países de la Unión Europea "ha generado un debate fundamentalmente referido a sus efectos ambientales".

Entre los posibles efectos, el Defensor se refiere, entre otros, al volumen de agua necesaria para la fractura; la presencia de sustancias tóxicas en los fluidos de inyección —incluido el metano y sustancias radiactivas—; la no recuperación de los fluidos de inyección, que permanecen y contaminan las aguas subterráneas y el suelo; la sismicidad inducida por la fracturación horizontal, y la contaminación atmosférica por emisiones incontroladas de metano.

En su valoración, apunta que los porcentajes de recuperación del fluido de inyección son característicos de esta técnica y "pueden justificar un tratamiento normativo distinto" del que se aplica a las técnicas convencionales para exploración y explotación de hidrocarburos.

Estas posibles repercusiones han llevado a algunos territorios, como los estados de Pensilvania y Nueva York (Estados Unidos), Québec (Canadá) o Sudáfrica a aprobar moratorias y a otros países, como Francia y Rumanía, a su prohibición.

El informe anual del Defensor considera que la información aportada hasta ahora sobre la técnica "no ha sido suficiente", sobre todo en lo que se refiere a las sustancias que forman parte de los fluidos de inyección, el volumen de recursos hídricos necesarios, el porcentaje de líquido de inyección que se recupera y las sustancias radiactivas.

Asimismo, estima que "tampoco es concluyente" la información sobre la aportación al sector energético que supone en España la explotación de gas no convencional mediante el empleo de fractura hidráulica.

Nueva información

Por ello, ha solicitado al Ministerio de Industria que remita nueva información sobre las soluciones técnicas para evitar impactos "específicos y no deseados" derivados del fracking, de modo que, aplicándolas, el riesgo de contaminación resulte equiparable al que deriva de técnicas convencionales de explotación de hidrocarburos o de otras técnicas que generen riesgos comparables.

Además, reclama a este departamento conocer si hay estudios concluyentes acerca de la incidencia positiva y significativa en el modelo energético nacional, y del número de permisos concedidos o en trámite".

"Parece insoslayable que se valore y motive la autorización del fracking, ponderando seriamente los riesgos ambientales y los efectos en la salud y seguridad de las personas", manifiesta la institución.

Proyecto castor,

Evaluación ambiental deficiente

El Defensor ha desestimado la solicitud de una asociación ecologista de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares a partir del cierre del almacén de gas de Castor, aunque reconoce que la evaluación de impacto ambiental del proyecto "habría sido insuficiente".

En este sentido, la institución consideró que como el recurso había sido ya presentado por otros sujetos legitimados para ello, "parecía aconsejable su inhibición, por no resultar imprescindible para cumplir adecuadamente la misión de la institución de garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas".

Además, subraya que respecto al proyecto de gas de Castor hubo actuaciones instadas como los Síndic de Greuges de Cataluña y de la Comunitat Valenciana (el equivalente al Defensor del Pueblo en estas comunidades autónomas) que, sin embargo no pudieron desarrollarse al haber iniciado el Ministerio Fiscal diligencias por posibles delitos.

Estas reclamaciones se referían a que se podía estar "echando sobre los hombros del sistema gasista" las consecuencias de la iniciativa, la explotación y la posterior renuncia al almacén de gas, que ha contado con la cobertura jurídica de la Administración General del Estado. También reconoce que "la evaluación ambiental del proyecto habría sido deficiente".

Respecto a este caso, apunta que en enero de 2015 el Ministerio Fiscal indicó al Defensor del Pueblo que la Fiscalía Provincial de Castellón abrió el 4 de octubre de 2013 las diligencias de investigación penal, al considerar que los múltiples movimientos sísmicos registrados en el sur de la provincia de Tarragona y en el norte de la provincia de Castellón "por si podían estar relacionados con las actividades en la plataforma marítima y en el almacén submarino de gas". Por ello, la Fiscalía Provincial de Castellón formuló denuncia por estos hechos ante el Juzgado de Instrucción Decano de Vinaròs.