García Tejerina aborda con hipermercados y supermercados el primer año de la ley de la cadena alimentaria

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se reunirá mañana, 25 de febrero, con representantes de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, (ASEDAS) y la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), con motivo del primer aniversario de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se reunirá mañana, 25 de febrero, con representantes de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, (ASEDAS) y la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), con motivo del primer aniversario de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

A principios de este mes de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que desarrolla parcialmente la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

De esta forma, se completó el desarrollo normativo de la Ley, a la que se dota de todos los elementos necesarios para corregir los desequilibrios en las relaciones comerciales de las empresas que operan en la cadena alimentaria.

El Real Decreto aprobado establece así disposiciones relativas a las buenas prácticas en la contratación alimentaria, al Observatorio de la cadena alimentaria, a los laboratorios agroalimentarios para el control oficial, dependientes del Ministerio, y a la modificación del Reglamento de la Ley que regula las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.

La Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en vigor desde hace un año, contempla multas de entre 3.000 euros y un millón de euros a cualquier eslabón de la cadena alimentaria que cometa prácticas abusivas, al tiempo que establece la obligación de contratos por escrito en transacciones superiores a 2.500 euros.

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