La Guardia Civil ha detenido a 21 personas, de nacionalidad española, marroquí, colombiana y ecuatoriana, de entre 25 y 70 años de edad y vecinos de Murcia, por 61 delitos de defraudación de fluido eléctrico, estafa, coacciones y abuso sexual en varias pedanías de Murcia.

La operación 'Rampazos', establecida para investigar un elevado número fraudes de suministro eléctrico en Pente Tocinos, Cobatillas, Alquerías y Los Ramos, se inició el pasado año a raíz de una denuncia presentada en el Puesto de Santomera, en la que una mujer manifestaba que estaba siendo sometida a una serie de presiones por parte del empresario que le había alquilado la vivienda donde residía.

La denunciante explicó a los agentes que el arrendador la coaccionaba para que abonara unas cuantías económicas relacionadas con el consumo de electricidad de la vivienda alquilada, debido a que la primera se negaba a hacerlo sin que le acreditara con facturas o documentos similares el consumo realizado.

Así, averiguaron que el empresario denunciado se dedicaba a la construcción y que alquilaba los inmuebles a personas con recursos económicos limitados, con la particularidad de que carecían de la preceptiva cédula de habitabilidad y, por tanto, de los contratos de suministro de energía.

Para alquilar las viviendas, la empresa manipulaba el cableado perteneciente a la compañía energética, al objeto de dar servicio a los inmuebles, todo ello de forma ilegal y evitando así el pago de la factura que pudiera derivarse de ese servicio, mediante un 'enganche' directo.

Los investigadores detectaron que, en algunos casos, la empresa cobraba a los inquilinos, además del alquiler, el servicio de electricidad, llegando a confeccionar y aportar facturas falsas para intentar dar apariencia de legalidad a dicho cobro, ya que algunos inquilinos exigían a la empresa que les aportaran facturas para conocer el gasto de luz que venían realizando.

De esta manera, además de estafar supuestamente a la empresa proveedora de electricidad, estafaba a sus propios inquilinos, ya que se les cobraba por un servicio que el empresario ahora detenido no pagaba.

La Guardia Civil ha detectado durante la investigación que este 'modus operandi' era llevado a cabo habitualmente por otras empresas de construcción y promotoras de la zona. Hasta el momento, los investigadores han desenmascarado a otras tres mercantiles, que ha supuesto la detención de tres empresarios más.

Además, se averiguó que uno de los empresarios implicados aprovechaba el escaso nivel económico de algunas inquilinas para intentar conseguir favores sexuales, cuando no podían hacer frente a alguna mensualidad de alquiler o del servicio de electricidad, proponiéndoles mantener relaciones sexuales con las mismas a cambio de condonar la deuda.

En uno de los casos, se ha constatado que uno de los detenidos llegó a interesarse sexualmente por la hija menor de edad (14 años) de una de las afectadas, y debido a que ésta no cedió a las coacciones le suprimió el suministro de electricidad y agua a la familia, la cual estaba compuesta por una madre y sus siete hijos.

Este empresario también llegó a oponerse a los reiterados intentos, de algunos de los propietarios de las viviendas que logró vender, de constituir comunidades de vecinos, todo ello para ahorrarse el coste económico que le supondría, tanto el pago de la cuota de la comunidad de todos sus pisos en propiedad, como el hecho de tener que dar de alta los contadores de los pisos alquilados. De esta manera bloqueaba la posibilidad de obtener la cédula de habitabilidad de los inmuebles, al tener mayoría por ser propietario de varios inmuebles.

La Guardia Civil también ha detenido a 17 propietarios de las viviendas que igualmente se beneficiaban de la defraudación cometida por las empresas, al poder hacer uso de toda la energía que necesitasen sin verse obligados a afrontar los gastos derivados de ello, sólo un pequeño porcentaje de propietarios reclamaron a las empresas que regulasen la situación para poder tener un servicio de electricidad de forma legal.

Como consecuencia de todas las actuaciones desarrolladas hasta el momento, la Guardia Civil ha detenido a 21 personas y ha esclarecido 34 delitos de defraudación de fluido eléctrico, 22 delitos de estafa, tres delitos de coacciones y dos delitos de abusos sexuales. Además, se ha detectado la implicación de cuatro empresas en los hechos. Durante el desarrollo de la operación, la Guardia Civil ha contado con la estrecha colaboración de una empresa suministradora de electricidad.