El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) manifestó ayer que su actuación fue de tipo consultivo, «con voz pero sin voto», en las comisiones en las que se trataron los proyectos de los edificios Palacio de Villagonzalo y Frontón Beti-Jai. Según el COAM, el Ayuntamiento insistió en el cambio de uso del frontón, aunque finalmente no se ha concedido licencia para que se convierta en un hotel de lujo. La abogada Montserrat Corrulla, implicada en el caso Malaya, y a quien el socialista Miguel Sebastián vincula con el alcalde Gallardón, era la administradora única.
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