El Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Jaén, que conoce asuntos de lo mercantil, ha ampliado su espacio y ha mejorado sus instalaciones merced a una inversión de aproximadamente 68.000 euros que ha desarrollado la Junta de Andalucía "en un tiempo récord".

Así lo ha destacado este viernes la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez, en la visita que ha realizado a dicho juzgado para conocer el resultado de esta intervención, y donde ha estado acompañada del secretario coordinador de Justicia, Ángel Luis Luque, y de la presidenta de la Audiencia Provincial, Elena Arias-Salgado.

La delegada ha concretado, en declaraciones a los periodistas, que en virtud de estas obras la Oficina Judicial de dicho juzgado, donde trabajan nueve funcionarios, ha pasado de tener 46 metros cuadrados a "más de 101", y además "se ha remodelado toda la climatización, las instalaciones eléctricas, los despachos del juez y del secretario, así como la sala de vistas".

Ha sido, según ha resumido, "una reforma que pretende mejorar las condiciones de trabajo de un juzgado que tiene una carga de trabajo importante", además de "mejorar la habitabilidad" del mismo. Gálvez ha agradecido la "colaboración" de "todo el personal" que trabaja en estas dependencias judiciales mientras se han desarrollado las obras.

Al hilo, la delegada ha recordado que la que ha visitado este viernes "no es la única actuación" que la Junta desarrolla en las dependencias judiciales jiennenses, ya que el Gobierno andaluz está "trabajando para mejorar las condiciones" de dichas infraestructuras y para que puedan ofrecer "una respuesta más ágil, eficaz, eficiente y de mayor calidad".

Así, ha citado intervenciones para "modernizar los equipos informáticos", que se ha plasmado en el cambio de "más de 350 ordenadores en Jaén para los trabajadores de la Oficina Judicial", además de la aplicación del programa 'Lexnet' para la transmisión e intercambio de información vía telemática, a través del que ya se han realizado "más de 500.000 notificaciones —de providencias, autos o sentencias— entre la oficina judiciales y los operadores", según ha detallado Gálvez, que ha agregado además que en Jaén se ha puesto en marcha "un sistema de comunicación segura entre el Centro Penitenciario y los juzgados". "En definitiva, unas actuaciones que pretenden una Justicia rápida y eficaz para la ciudadanía", ha zanjado.

"necesidades de mejora"

Por su parte, la presidenta de la Audiencia Provincial, Elena Arias-Salgado, se ha referido, a preguntas de los periodistas, por las "necesidades de mejora" que presentan a nivel material las sedes judiciales de la provincia, ya que "algunas están en no muy maravilloso estado o se han quedado un poco pequeñas", como era el caso, según ha apuntado, del Juzgado de Primera Instancia número cuatro. También ha citado la situación de los juzgados de Martos, con quejas por el estado de la "climatización de los pasillos", que provoca que quienes esperan en ello lo hagan "con frío o calor".

Y es que, según ha explicado, "muchos de ellos son edificios antiguos que tienen problemas", si bien le "consta" que la Junta, "dentro de lo que puede actúa". Junto a las necesidades materiales se ha pronunciado también sobre las de personal, y en relación a ello ha apuntado que hay "déficit" en ese sentido en los juzgados de Primera Instancia, donde "entran muchos más asuntos de los que los jueces que hay pueden resolver en un tiempo razonable", lo cual provoca "dilaciones" en los procedimientos.

"Justicia lenta no es Justicia", ha apostillado en ese sentido antes de señalar que en los juzgados de lo Penal o de lo Contencioso-Administrativo se dan situaciones similares. En relación a los juzgados de los pueblos de la provincia, ha explicado que el "déficit" en ellos afecta más al cuerpo de funcionarios que al de jueces, ya que algunos juzgados "tienen muy pocos funcionarios".

Así las cosas, Arias-Salgado considera "muy necesario" un juzgado más de Primera Instancia, "y dos quizá para dejar las cifras como deben", y "hasta dos" más de lo Penal. Además, reclama como "absolutamente necesario" un "servicio común de ejecutorias" para que las sentencias que se dictan se ejecuten "en tiempo razonable", y aboga por trabajar con "archivos informáticos".