La juez Mercedes Alaya, que investiga el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, ha ampliado el secreto de sumario decretado el pasado 20 de enero en esta causa tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma".

En un auto fechado el 13 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora recuerda que el pasado 20 de enero "se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación", señalando que "del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando".

En este sentido, señala que, "analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes".

Todo ello "atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".

Por este motivo, y "con el fin de evitar interferencias o acciones que puedan poner en peligro el éxito de las investigaciones" que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "procede ampliar de oficio el secreto parcial de las actuaciones" en lo referente a los informes de la Intervención General "y a cuantas actuaciones se deriven de su investigación por un plazo no superior a 30 días".

Línea de investigación sobre las ayudas a la faffe

El pasado 20 de enero, la magistrada dictó un auto en el que declaró el secreto parcial de la causa ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

En este auto, Alaya citaba en primer lugar la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración".

En segundo lugar, la instructora alude a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento".

En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, "se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución".

Asimismo, y en tercer lugar, la juez enumera "las subvenciones otorgadas a empresas y fundaciones para la realización de acciones tendentes a la recolocación de los extrabajadores de Delphi y empresas afectadas", en virtud del Protocolo de Colaboración firmado en julio de 2007 entre la Junta y los sindicatos "con objeto de desarrollar un 'Dispositivo de Tratamiento Singular' que contemplaba un Plan de Revitalización Industrial de la Bahía de Cádiz y su entorno, como consecuencia del cierre de la factoría de Puerto Real y su industria auxiliar".

La faffe,

"un instrumento de la consejería de empleo y el sae"

Este plan, según señala la instructora, se desarrolló en cuatro fases y contó con una serie de subvenciones extraordinarias para formación —siete subvenciones otorgadas por el SAE a la Faffe por 35,9 millones— y contratación —otorgadas por el SAE a una serie de empresas por un importe total de 70 millones de euros—.

En cuatro lugar, y en relación a las subvenciones otorgadas a la Faffe, la juez recuerda que se trata de una fundación "de carácter privado y sin ánimo de lucro, creada el 22 de mayo de 2003 por la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo el presidente de su Patronato el titular de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".

Según Alaya, la Faffe "llegó a convertirse en un instrumento de la Consejería de Empleo y el SAE de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares de la Administración". "Estos empleados, con ocasión de la disolución de la fundación, pasaron a ser empleados públicos", recalca.

"La única fuente de financiación de la Faffe eran las subvenciones otorgadas por el SAE, en su mayoría con carácter nominativo o extraordinario, presentando graves irregularidades en lo que a la justificación de las mismas se trata", dice la juez, que añade que "entre estas irregularidades se encuentran las siete subvenciones otorgadas dentro del Plan de Revitalización Industrial de la Bahía de Cádiz y su entorno (Delphi)".

A ello se suma que la Faffe "recibió dos subvenciones nominativas en 2009 y 2010 por importe de 25,5 y 24,3 millones, respectivamente, sin que haya presentado justificación", unas "irregularidades" que se pusieron de manifiesto en los informes emitidos por la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

"gastos inflados"

La juez, además, libró mandamiento a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a fin de que informe sobre las relaciones comerciales, "tanto con clientes como con proveedores, declaradas por la Faffe, como por las empresas beneficiarias de subvenciones en el denominado 'caso Delphi'", entre las que cita a un total de once, como Gadir Solar, Asociación de Empresas Aeronáuticas o Fundación Forja XXI, entre otras.

En el mismo auto, reclamó a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo que, "a resultas de la labor de revisión de expedientes de subvenciones de acciones formativas sin justificar que está acometiendo desde febrero de 2014", informe "de las deficiencias observadas en dichos expedientes, pues entre otros extremos la falta de control por la Administración del uso generalizado de las resoluciones de exoneración pudieron provocar gastos inflados o inexistentes por parte de los beneficiarios".

No obstante, estos últimos "recibían el pago íntegro de sus subvenciones, a la vez que podrían serle otorgadas otras nuevas, pues los fondos para formación las acciones formativas se incrementaron considerablemente a partir del 2007".