El juzgado de Instrucción número 2 de Gandia (Valencia) ha abierto una investigación tras la querella del PSPV contra el alcalde de la localidad, Arturo Torró (PP), por presunta prevaricación, en relación con impagos de préstamos adquiridos con diferentes entidades bancarias por el anterior equipo de Gobierno —socialista—.

En concreto, junto a Torró, la querella se dirige también contra el concejal que tiene delegadas las competencias en materia de Hacienda y Economía, así como contra el director general de Presupuestos y Gastos de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.

El juzgado, tras estudiar la querella, y pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de un delito de prevaricación, decide admitirla e incoar diligencias previas para averiguar los hechos cuestionados, según consta en un auto, con fecha 2 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press.

Según se exponía en la querella, el Ayuntamiento de Gandia acordó en los años 2009 y 2010 la concertación de varias operaciones de préstamo para la financiación de gastos de inversión y, sin embargo, las obligaciones que se derivan de estos contratos "se están incumpliendo a día de hoy y desde septiembre de 2012". "Y no solo eso —agrega—, sino que a los incumplimientos derivados de estos contratos de préstamo, hay que añadir el incumplimiento de otras obligaciones derivadas de contratos de préstamo anteriores a 2009".

En el momento en que se aprobaron estos préstamos, Torró era concejal de la oposición y, según se indica en el mismo escrito, no presentó recurso alguno frente a la actuación municipal de concertación de los préstamos.

En las elecciones municipales que se celebraron en mayo de 2011 resultó elegido nuevo alcalde Torró, y en septiembre de 2012, algo más de un año después de resultar elegido, "se dejaron de atender las obligaciones que correspondían al ayuntamiento". Al respecto, la querella recoge que el interventor informó del incumplimiento que suponía dejar de atender los pagos a los que la administración viene obligada, así como las consecuencias que ello implicaba.

Junto a ello, el PSPV se queja de la "falta absoluta de actuación" por parte de la Generalitat, que ostenta la tutela financiera del Ayuntamiento de Gandia. Así, señala: "Con motivo de la documentación que le iba remitiendo el Ayuntamiento, el director general de Presupuestos era conocedor de la existencia de los préstamos y, sin embargo, ninguna actuación tendente al cumplimiento de las obligaciones contraídas se ha realizado por su parte".

Así mismo, los socialistas consideran que Torró "ha dejado de atender sus obligaciones de forma consciente y deliberada", y "prueba de ello han sido las advertencias realizadas por el Interventor municipal a las que se ha hecho caso omiso".

"De un lado —agregan— entendemos que su conducta es dolosa porque ha sido él quien expresamente ha dejado de cumplir con unas obligaciones a las que se venía haciendo frente desde 2010. De otro lado, la normativa evidencia la ilegalidad de ese incumplimiento deliberado de atender los préstamos suscritos".