La Mesa Sectorial de Educación de Andalucía, en la que están representados los sindicatos CCOO, CSIF, ANPE, Ustea y FETE-UGT, debate en la mañana de este martes —por la tarde hará lo propio la Mesa de la Educación Concertada— los términos de la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en la comunidad autónoma andaluza en lo que respecta a Secundaria y Bachillerato para el curso 2015-16.

Así lo ha confirmado a Europa Press el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, que en este sentido ha incidido en que la central sindical que representa ha reclamado —sin respuesta— a la Consejería que se amplíe el orden del día para poder negociar los cambios que el próximo curso afectarán al profesorado andaluz.

Así, CCOO expone que, siendo la citada mesa el órgano donde se articula la negociación colectiva entre la Consejería de Educación y los representantes del profesorado, y dado que los asuntos que se van a tratar afectan a las condiciones laborales del profesorado, ha cursado por registro la petición de modificación del punto del orden del día para que se incluya junto al término 'información' el de 'negociación'.

Con ello, el sindicato ha reclamado a la Consejería que, además de informar sobre cómo queda situación del profesorado en los centros públicos cuyos puestos se verán afectados por la implantación de la reforma educativa en Andalucía, se abra la negociación de un acuerdo de garantías para el profesorado, tal como se han venido alcanzando con la implantación de anteriores leyes educativas.

Asimismo, para el sindicato es fundamental negociar las cargas horarias del currículum a aplicar, para que desde el marco competencial autonómico se compense el horario de las asignaturas más perjudicadas por la reforma educativa, especialmente Filosofía, Música y Tecnología, a fin de que se mantenga lo más posible la actual carga lectiva.

A su juicio, es necesario, de igual manera, negociar la regulación, mediante decreto, del refuerzo educativo para el alumnado con problemas de aprendizaje que la Lomce solo posibilita si éstos no son 'imputables a falta de estudio', así como el concepto de matriculación partiendo de la demanda social: en ambos casos no están definidos en la nueva ley educativa. Por ello, según CCOO, una regulación normativa adecuada, propiciada desde el ámbito autonómico, evitaría los posibles efectos negativos sobre sistema educativo andaluz.

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