La representación legal de decenas de cosecheros que resultaron afectados por la estafa que la Audiencia Provincial de Jaén ha considerado probado que se cometió en el marco del conocido como 'caso Iniosa' va a solicitar la ejecución civil de dicha sentencia, con el fin de asegurar el cobro de las indemnizaciones que la misma, que puede ser recurrida en casación, impone a los condenados en este asunto.

Así lo ha confirmado este lunes a Europa Press el abogado que ha ejercido la acusación particular en representación de estas decenas de cosecheros, Marcos Gutiérrez, que ha explicado que el escrito para solicitar la ejecución civil de la sentencia se está ya preparando, si bien no se puede presentar hasta que se formalicen recursos contra la sentencia desde alguna de las partes personadas.

En ese sentido, ha explicado que aún no le han dado traslado del recurso o los recursos que se hayan podido anunciar por parte de las defensas de los acusados condenados, que se remitirán al Tribunal Supremo (TS), órgano que decidirá primeramente si los admite a trámite, paso previo y necesario a la presentación formal de los mismos.

El objetivo de solicitar la ejecución civil de la sentencia es "asegurar las cantidades" que el fallo recoge que los acusados deben abonar a los afectados, a través, por ejemplo, del posible embargo de bienes que no hayan sido tenidos en cuenta hasta el momento para garantizar esos pagos, según ha explicado el referido letrado.

En concreto, la sentencia del caso Iniosa obliga a los acusados a indemnizar "conjunta y solidariamente" a 84 personas físicas o jurídicas perjudicadas por el impago de la venta de cosechas de aceituna, con cantidades que oscilan entre 807,40 euros en el menor de los casos y 252.713,99 euros, que es el mayor montante recogido en ese apartado.

Y es que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial considera probado que desde la campaña de aceituna 1995/1996 "un elevado grupo de agricultores vendían sus cosechas a empresas propiedad de E.F.I." —uno de los tres acusados condenados a cinco años, seis meses y un día de prisión—, y durante varios años "no tuvieron problema para cobrar el importe de sus cosechas", si bien a partir de la campaña 2000/2001, y "principalmente" en la 2001/2002, E.F.I., "bien directamente, bien a través de algunos de sus empleados (...), convencieron a los cosecheros para que entregasen su aceituna a Iniosa", y eso a pesar de que el citado acusado "ya no figuraba vinculado" a dicha sociedad.

"Gracias a la confianza que les ofrecía E.F.I. (...) y bajo la propuesta ventajosa que se les hacía por parte de Iniosa, de que en la campaña 2001/2002 se les cobraría menos dinero por la molturación y se les abonaría un precio superior si retrasaban el cobro, los agricultores hicieron entrega de sus cosechas a esta sociedad (...), vendiéndose el aceite resultante de la misma tanto a sociedades pertenecientes al entramado como a otras ajenas al mismo, y aunque a algunos de los cosecheros se les entregó pagarés (...) como garantía de cobro, las cuentas corrientes asociadas a dichos efectos no tenían fondos, por lo que resultaron impagados".

En lo que respecta a condenas de cárcel, la sentencia impone penas de ese tipo para doce de las 18 personas que inicialmente fueron procesadas por este asunto. Así, impone una condena total de cinco años, seis meses y un día de prisión para cada uno de los tres principales acusados —L.G.B., E.F.I. y M.J.B.M.— por un delito de alzamiento de bienes y otro continuado de estafa; otra de tres años, seis meses y un día para J.F.M. por un supuesto continuado de estafa, y un año de prisión para cada uno de otros ocho acusados como cooperadores necesarios de un delito de alzamiento de bienes.