La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, María del Mar Shaw, ha manifestado este lunes que la sentencia que "condena" al Consistorio "a pagar 3,6 millones de euros por la expropiación de los terrenos para la expropiación del campo hípico" es un "varapalo judicial" para el alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), ya que "desmonta la excusa" del regidor de que en dicho proceso expropiatorio —impulsado en el anterior mandato— "no había documentación ni informes", y "corrobora la plena legalidad del expediente, sin oponer reparo alguno a su conclusión por medio del pertinente convenio expropiatorio".

"La propia sentencia le dice que hay un informe técnico del área de Planeamiento y Gestión", ha abundado Shaw en una nota después de que el alcalde haya anunciado en rueda de prensa la interposición de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra dicha sentencia, de la que ha culpado a una "decisión lamentable" del anterior equipo de gobierno de PSOE e IU en la legislatura pasada.

Frente a ello, la portavoz socialista considera que el juez ha dejado clara que la gestión de este procedimiento por parte del PP ha sido "nefasta", y señala en la sentencia que los intentos de los 'populares' "por declarar la nulidad del pleno derecho del expediente amparándose en sus propios errores en el procedimiento administrativo demuestran que no actúa bajo los principios de buena fe y confianza legítima", de forma que "su comportamiento deja mucho que desear, ya que nadie puede ampararse en su propio error ni beneficiarse de ello".

"En pocas palabras, el juez lo acusa de causar vicios al procedimiento actuando de mala fe, y ahí el único culpable es el PP con su actuación en este caso", ha resumido Shaw, que ha remarcado además que la cifra de la indemnización a abonar por el Ayuntamiento "se eleva a los cinco millones de euros por los intereses derivados de un proceso que podría estar resuelto mucho antes".

Según Shaw, "la negativa del PP a indemnizar asegurando que no hay informe de la Intervención es respondida por el juez alegando que en cinco años ha habido tiempo suficiente por parte del alcalde y su equipo de gobierno de formular al interventor municipal esta petición e incorporarlo al proceso".

Para la dirigente socialista, este "retraso" que "amplía la sentencia hasta los cinco millones de euros" es un ejemplo "de cómo se llevan las cosas en el Ayuntamiento", punto en el que ha recordado que en el presupuesto municipal de 2015 hay una partida de once millones de euros para "proceder al pago de sentencias derivadas de la gestión del PP en la ciudad en asuntos como el 'Caso Bariloche', un sonado escándalo urbanístico en torno a los terrenos donde en su día estuvo instalada la discoteca con este nombre".

Para la portavoz socialista, "si el PP hubiese terminado la ejecución del aparcamiento en los antiguos terrenos del Hípico en 2012 en lugar de querer hacerlo ahora a la carrera en unos pocos meses, la previsión de ingresos que el PP estima este año en su presupuesto de doce millones de euros por su explotación, más un millón de euros más de entradas por la concesión de un restaurante en su superficie, habrían permitido hace años haber amortizado los pagos de esta sentencia que ahora supera con creces el coste inicial de la expropiación".