Un informe concluye que "no se observan incrementos de patrimonio injustificados" en el patrimonio de Orozco

Su defensa incide en que no se ha observado "ni el más mínimo indicio de cobro de comisiones" y reprocha la intención de "ir a por él"
Xosé López Orozco
Xosé López Orozco
EUROPA PRESS
Xosé López Orozco

Un informe elaborado por Vigilancia Aduanera concluye, tras analizar las cuentas bancarias del alcalde de Lugo, José López Orozco, y de su cónyuge, que "no se observan incrementos de patrimonio injustificados" que "pudieran derivar del cobro de comisiones u otros fondos de origen desconocido" por parte del regidor.

Así consta en un informe de fecha 19 de enero de 2015 elaborado por Vigilancia Aduanera en el marco de la instrucción de la 'Operación Pokémon', al que tuvo acceso Europa Press.

No obstante, Aduanas precisa que se llega a esa conclusión "sin perjuicio de que en un futuro pudieran surgir nuevos datos que probaran lo contrario".

El informe se enmarca en las diligencias que, con autorización del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, investigan las actuaciones supuestamente "delictivas relativas a concesiones y gestión de servicios públicos adjudicados por el Ayuntamiento de Lugo, sin que se haya garantizado el cumplimiento de los criterios legalmente establecidos en los procesos de contratación pública", recuerda Vigilancia Aduanera en el informe.

En este sentido, se indica en el documento que, según consta en la causa, "Gervasio Rodríguez Acosta dirige el grupo empresarial Vendex" con sede social en Madrid, compañía que "dispone de una importante actividad empresarial que en su mayor parte está dedicada a la contratación de servicios públicos con ayuntamientos, y diputaciones y, en menor medida, con otros organismos autónomos o estatales".

Aduanas expone que Rodríguez Acosta, "para lograr adjudicaciones de las administraciones en toda España realiza presuntamente sobornos que tiene como destino aquellos políticos o funcionarios que bien directa o indirectamente han realizado actos o influenciado en otros que forma parte de los órganos de contratación con la finalidad de obtener diferentes contratos con las administraciones y muy especial con la local".

En esta línea, considera en su informe que el grupo empresarial liderado por Gervasio Rolando Rodríguez, "además de contratar a distintas personas recomendadas por las distintas autoridades, políticos y funcionarios intervinientes en los procesos de contratación, ha estado realizando presuntamente pagos periódicos de dinero a alguna de tales personas".

Por ello, indica Vigilancia Aduanera, como en informes anteriores incluidos en la causa, que Gervasio Rodríguez "ha urdido un plan organizado y ya preconcebido destinado a realizar envíos de dinero para presuntos sobornos con la mayor seguridad". Añade que "en algunos casos realiza el pago en metálico a los propios delegados provinciales de Vendex que, a su vez, son los encargados de entregar el dinero a los funcionarios y políticos sobornados".

Recuerda, así, que "en la mayoría de las ocasiones" estos fondos "se envían a través de la empresa SEUR bajo el control directo de Gervasio Rodríguez en sobres blancos y en cuyo interior se remite el dinero en billetes envueltos en páginas de prensa deportiva figurando en el sobre el mes al que corresponde el pago".

DESTINATARIOS

"En el caso que nos ocupa existen indicios racionales más que suficientes para considerar que el alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, que habría colaborado de forma activa con el citado grupo empresarial en la obtención por parte de estos del contrato de la ORA y en la futura ampliación del mismo en el Ayuntamiento de Lugo, pudiera ser el destinatario de parte de estos fondos", esgrime Aduanas en el inicio del documento.

Igualmente, alude a que consta en la causa la "posible adjudicación irregular a la empresa Cechalva", del servicio de retirada de vehículos de la vía pública y su posterior traslado a depósito ofertado por el Ayuntamiento de Lugo en el año 2005 "que conllevarían como contraprestación el pago periódico de cantidades de dinero y posible entrega de regalos a funcionarios o altos cargos públicos del Ayuntamiento de Lugo", según se recoge en el informe, "entre los cuales pudiera estar, entre otros, el entonces concejal Francisco Fernández Liñares y el alcalde".

Por ello, en el marco del procedimiento, según precisa Vigilancia Aduanera en el informe recogido por Europa Press, se investiga un delito de blanqueo de capitales "en el que presuntamente pudiera estar implicado el alcalde de Lugo", su cónyuge y las hijas de ambos "en relación a fondos, bienes o efectos que pudieran provenir de otro delito como es el cohecho en el que supuestamente pudiera haber participado el primero".

Con todo, tras realizar un análisis económico-patrimonial de las cuentas de Orozco y su mujer —en relación a declaraciones de IRPF hasta 2012 de ambos, retribuciones dinerarias del trabajo, así como compra-venta de inmuebles y fincas, pago de impuestos y adquisición de vehículos entre 1994 y 2011—, Vigilancia Aduanera concluye que "no se observan incrementos de patrimonio injustificados que pudieran derivar del cobro de comisiones u otros fondos de origen desconocido" por parte del regidor lucense, "sin perjuicio de que en un futuro pudieran surgir nuevos datos que probaran lo contrario".

"a por él"

Tras tener constancia del informe, la defensa del alcalde de Lugo, que ejerce el abogado Gregorio Arroyo, ha valorado, en declaraciones a Europa Press, que el documento concluye que no se ha observado "ni el más mínimo indicio de cobro de comisiones", por lo que reprocha la intención de "ir a por él".

En concreto, Arroyo esgrime las conclusiones finales para criticar el párrafo recogido en los primeros folios del informe, de 32 páginas, en el que se apunta que "existen indicios racionales más que suficientes para considera que el alcalde de Lugo habría colaborado de forma activa" con Vendex.

En este sentido, Arroyo insiste en que tales indicios que se apuntan están "montados sobre sospechas y conjeturas", por lo que reprocha a los investigadores su "intención de ir a por él".

La defensa de Orozco ha recordado, asimismo, que el alcalde lucense acudió al juzgado y se ofreció a declarar voluntariamente para aclarar lo que necesitase la jueza instructora, Pilar de Lara Cifuentes.

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