El diputado socialista por La Rioja, César Luena, ha propuesto en el Congreso, a través de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, modificar la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino para incluir una regulación específica para el 'Vino de Pago calificado', como venía "demandado mayoritariamente el sector".

Además, el Grupo Socialista también ha registrado otra enmienda a instancia de Luena en la que contemplan "reforzar los sistemas de control" de la Denominación de Origen Calificada Rioja acreditando legalmente las actuaciones del Cuerpo de 'Veedores' de esta Denominación, conforme ha sido demandado por el Consejo Regulador desde hace tiempo. "Este sistema de control se ha mostrado eficaz en la función de inspección y control que desempeña".

Otra enmienda que ha presentado el Grupo del PSOE por indicación del diputado socialista por La Rioja es la relativa a incluir en el texto de la Ley, entre las funciones que corresponde a las entidades de gestión de DOP y IGP o Consejos Reguladores la de emisión de certificados de origen a requerimiento de los interesados, "dada la permanente demanda de la misma por parte de los operadores en su práctica diaria".

El Grupo Socialista también presenta una propuesta de modificación de la ley de la cadena Alimentaria para corregir los defectos que, en un año de vigencia de esta ley, se han mostrado, y para proponer la creación de la figura del "Mediador" con capacidad para intervenir en caso de conflictos en las relaciones comerciales.

Otras enmiendas socialistas tratan de incluir mejoras técnicas para asegurar una mejor coordinación con los reglamentos Comunitarios, porque es necesario recordar que la normativa europea en materia de DOP e IGP es ya directamente aplicable en nuestro país, pues se contempla en reglamentos de la UE, de la que la norma española sólo puede ser ya complementaria.

Las enmiendas del Grupo Socialista, para reforzar las capacidades de control de las DOP e IGP, buscan incrementar con carácter general las sanciones para los que incumplan la normativa. Así, por ejemplo, se propone elevar hasta 3 millones de euros la sanción por infracciones muy graves, una sanción que el Gobierno ha fijado en el proyecto de ley en 300.000 euros.