El senador del PP, José Joaquín Peñarrubia, ha defendido que la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana "no supone en modo alguno recortes ni de libertades ni de derechos", porque trata "justamente lo contrario", intentando "modular" las situaciones conflictivas "con la finalidad legítima de que no trunquen lo que todos entendemos por convivencia ciudadana".

Otra cosa, estima, es el uso "partidista o político que desde la oposición se puede hacer de estas cuestiones", según ha informado Peñarrubia en una rueda de prensa que ha ofrecido sobre esta Ley, que se debatirá en el Pleno del Senado del próximo día 10 de marzo, y que "viene a sustituir la única Ley que ha habido en democracia data de 1992".

Se trata, ha añadido, de un texto "largamente elaborado, donde ha habido estudios del propio Ministerio del Interior y aportación de colectivos y asociaciones", por lo que se ha convertido en anteproyecto de ley "sujeto a esas mismas verificaciones". Finalmente, hace algo más de un año, se convirtió en Proyecto de Ley.

Peñarrubia considera que su tramitación ha sido una gestión "serena y tranquila, nada precipitada", tal y como "corresponde a un texto que trata de derechos fundamentales y de libertades públicas".

Además, se trata de un Proyecto de Ley que cuenta con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Defensor del Pueblo, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la Agencia de Protección de Datos y del Consejo de Estado. Es un documento, en su opinión, que "mantiene un prudente equilibrio entre los valores de libertad y seguridad".

Sin embargo, añade, desde que este proyecto de ley estaba en fase de borrador "se han dicho muchos disparates sobre él", y que "alcanzaron su punto álgido el pasado mes de octubre con ocasión del debate celebrado en el Congreso de los Diputados". En aquella ocasión, recuerda, en la oposición "se pusieron mordazas y tatarearon una canción con el soniquete: más policía menos diversión".

A su juicio, estas escenificaciones "dicen muy poco de quienes están ejerciendo en este momento la oposición a este proyecto de Ley". En definitiva, cree que fueron críticas "imprecisas y tendenciosas sobre lo que ellos consideran recortes de libertades y de derechos, así como aumentos, según ellos también, de las sanciones, porque lo consideran un proyecto de ley punitivo".

Practicas sancionables

En este sentido, Peñarrubia se pregunta si, acaso, no deben de sancionarse prácticas como "invadir la pista de un aeropuerto o entorpecer el funcionamiento de los servicios de emergencia, o manifestarse sin comunicación previa en las instalaciones en las que se prestan servicios básicos, tales como centrales nucleares y térmicas, refinerías, depósitos de combustible, servicios de suministro de gas, agua o electricidad".

Igualmente, el senador pregunta si debe ser sancionable celebrar espectáculos públicos o actividades recreativas "quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad competente por razones de seguridad pública, o causar daños por incendio en mobiliario urbano como señales de circulación, farolas, marquesinas, cajeros o papeleras, así como la obstaculización con vehículos, contenedores o neumáticos y otros objetos".

Asimismo, se pregunta si deben ser punibles las actividades que "alteran la tranquilidad de los vecinos"; se cuestiona si tienen derecho los ciudadanos a circular, pasear y transitar por los espacios públicos "con tranquilidad y normalidad"; o si es necesario "erradicar en lo posible de nuestras calles la violencia urbana y el bandalismo".

En su opinión, estos ejemplos citados "no suponen en modo alguno recortes ni de libertades ni de derechos", y cree que cuando la oposición se queda "sin argumentos", recurre a que es una Ley "punitiva", con un incremento "desproporcionado de las sanciones".

A su juicio, este proyecto de Ley "despenaliza ciertas conductas y las hace punibles desde el punto de vista sancionador, es decir, quitarle la carga de reproche penal para pasar a ser sancionables administrativamente".

No obstante, lamenta que la oposición tiene "dos varas de medir", porque se olvidan de que las cuantías de las sanciones fijadas por la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte de 2007 o la Ley del tabaco recogen "cuantías superiores hasta en 50.000 euros a las que establece la nueva Ley de Seguridad Ciudadana".

Por ello, destaca la "contradicción" en lo que la oposición establece en unas leyes desde un punto de vista sancionador, y lo que ahora consideran "exagerado" en otras leyes.

En este sentido, ha recordado que la Ley orgánica que regula y protege el derecho de reunión y manifestación del año 1983 "ni se toca, ni se cambia ni se modifica". Al contrario, defiende que "lo único que hacemos es actualizar a los nuevos comportamientos y las nuevas circunstancias lo que es una ley de 1992 conocida como Ley de patada en la puerta que, en parte, fue derogada por el Tribunal Constitucional".