El hasta ahora Comisionado para la Defensoría de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y único candidato a Defensor en las últimas elecciones celebradas esta semana —en las que, por segunda vez, no alcanzó la mayoría requerida—, el catedrático de Psicología de la Comunicación Juan Daniel Ramírez Garrido, ha confirmado que no volverá a presentarse al nuevo proceso electoral cuya convocatoria la sede promueve para un plazo máximo de dos semanas al objeto de ocupar la vacante de un cargo "muy problemático en esta universidad".

Ramírez Garrido ha explicado a Europa Press que, después de unos comicios en los que se han hecho fuertes la abstención y el voto en blanco, con su retirada "para mí la Defensoría deja de ser un problema", en un contexto histórico en el que, además, la elección del puesto ha requerido siempre de muchos "esfuerzos", dándose a menudo "incapacidad para llegar a un acuerdo".

La conflictividad de estos procesos electorales, "más que en otras universidades", podría invitar a pensar en la existencia de algún tipo de problema de fondo, según el catedrático, que en cualquier caso ha expresado su deseo de que se presente una candidatura que aglutine "los requisitos y las condiciones que toda la comunidad pide".

Ramírez, que se presentó a las primeras elecciones estimulado por varios amigos y que veía el desarrollo del cargo como una experiencia "interesante" —su antecesor, Eduardo Gamero, "lo hacía especialmente bien—, ha trabajado como Comisionado, a propuesta del rector, Vicente Guzmán, en un año "muy positivo, pues ha habido muchos problemas que desconocía de la vida universitaria y que he tenido que afrontar desde una óptica que no conocía".

Tras asegurar que ha descartado "totalmente" la opción de volver a concurrir, y cuestionado por si la situación se puede considerar como un ataque soterrado hacia la gestión del gobierno de la UPO, ha manifestado que "me costaría trabajo entender que pueda haber un grupo que, para atacar al rector, utilice el puesto de Defensor: no lo afirmaría".

El puesto, de hecho, ya está vacante, si bien, "tarde más o menos", tendrá que ser ocupado al ser una figura contemplada en la ley y los estatutos. "Viene ahora un periodo de matriculaciones y de posibles reformas, en el que hay que pensar proactivamente en un futuro que puede ser bastante complicado", ha añadido Ramírez Garrido, que concluye señalando que, puesto que los efectos de la crisis se van a seguir notando, la tesitura "demanda que haya Defensor".

Polémica previa

La presentación de Ramírez Garrido se produjo tras la polémica provocada después de que el anterior Defensor, el catedrático de Derecho Administrativo Eduardo Gamero, decidiera retirar su candidatura al entender que la elección de una figura que fundamenta su actuación en la confianza que merece "no puede tener su origen en una polémica acerca de la legalidad o no de la votación mediante la que se le designa", dado que la segunda votación programada, tras no lograr la mayoría necesaria en la primera, fue objeto de reclamación.

La Defensoría Universitaria es un órgano creado para velar por los derechos de toda la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente e investigador, y personal de administración y servicios. A este efecto recibe quejas y efectúa sugerencias, tramita expedientes de oficio y desempeña funciones de mediación. Todas sus actuaciones se dirigen a la mejora de la calidad universitaria. Se trata de un órgano de creación preceptiva, de acuerdo con la Disposición Adicional 14 de la Ley Orgánica de Universidades. Los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide regulan esta institución en el Título Octavo.

Se trata de un órgano de creación preceptiva, imparcial e independiente, cuya persona titular es democráticamente elegida por el Claustro, ante el que presenta un informe anual. No está sometida a directrices ni mandato imperativo alguno, pero tampoco dispone de poderes ejecutivos: efectúa recomendaciones y sugerencias guiadas por un principio de equidad o justicia material.

La designación del titular de la Defensoría requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Claustro universitario. El titular tendrá un mandato de cuatro años.