El juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte del sindicato UGT-A mediante facturas falsas ha librado oficio al Instituto de Medicina Legal para que un médico forense examine al exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana y analice si está en condiciones de acudir a declarar como imputado al Juzgado.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez de Instrucción número 9, Juan Jesús García Vélez, acuerda que un médico forense reconozca al imputado en su domicilio de Sevilla y emita un informe "sobre posibilidad de desplazamiento" de Pastrana "a esta sede judicial" para "recibírsele declaración, así como de poder comprender y responder las preguntas que se le formulen por los hechos imputados".

Pastrana fue citado inicialmente a declarar como imputado, junto al también exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, el día 3 de noviembre de 2014, aunque el juez decidió suspender dicha comparecencia después de que la defensa del exsecretario general de UGT-A pidiera la suspensión alegando que éste se encuentra enfermo y en este momento no puede desplazarse hasta el Juzgado para comparecer.

El juez, que imputa a ambos presuntos delitos de falsificación y fraude de subvenciones, considera que la declaración prestada por el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda "es contundente cuando ratifica la implicación" de ambos en las decisiones ejecutivas del sindicato, "y en concreto las referidas a la creación de la central de compras, órgano o mecanismo esencial en la realización de la actividad fraudulenta investigada".

En un escrito elevado al Juzgado el pasado 6 de octubre, el Ministerio Público pidió al juez que citara a declarar como imputados a ambos exaltos cargos del sindicato dada su participación "directa" en las actividades investigadas.

La imputación

En primer lugar, la Fiscalía ponía de manifiesto en su escrito que tanto Pastrana como Fernández Sevilla "fueron titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato", precisando que el primero de ellos "fue secretario general durante todo el desarrollo de los hechos investigados y hasta mayo de 2013".

De su lado, Fernández Sevilla "fue secretario de Organización durante el mismo periodo y luego secretario general, y según declaraciones de todos los testigos, pertenece al núcleo de decisión" junto con Manuel Pastrana y el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda.

Según explica la Fiscalía, "este núcleo de decisión se concentra desde el punto de vista orgánico en la comisión ejecutiva del sindicato", aseverando que esta comisión ejecutiva, "y singularmente los acusados, nosolo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos objeto del presente procedimiento".

El juez solicita información a ugt-A

De otro lado, y en la misma providencia notificada este jueves a las partes, el juez instructor atiende el escrito presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y solicita distinta documentación a UGT-A, Soralpe I más P Asociados —una empresa de servicios propiedad de la UGT— y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En un oficio, consultado por Europa Press, los agentes de la Guardia Civil explican los diferentes procedimientos "artificiales" cuyo diseño y puesta en funcionamiento "habría permitido a UGT-A utilizar fondos procedentes de subvenciones públicas para formación profesional para el empleo a destinos distintos a los que debían haberse aplicado".

De este modo, los agentes hacen referencia a la imposición de descuentos a proveedores, a la aplicación de descuentos en concepto de 'rapel' y a la "sobrefacturación o emisión de facturas por parte de proveedores por servicios o mercancías no prestadas o servidas", una práctica "que generaría un saldo a favor del sindicato, conocido como 'bote', que se aplicaría a gastos diferentes a los subvencionados".

Los agentes aseveran que, "además de estos mecanismos, se ha detectado la presunta existencia de otro con el que también se crearía de manera artificial un gasto con el que justificar subvenciones recibidas", mecanismo que describe señalando que el sindicato "tiene una entidad vinculada denominada IFES, que es propiedad suya en su totalidad, a través de la cual realiza las acciones formativas concretas para las que recibe subvención".

Las acciones formativas subvencionadas "son realizadas en numerosas ocasiones en locales propiedad de UGT, lo que supondría un gasto mínimo", razona la UCO, quien añade que, al mismo tiempo, UGT-A "firmó un 'contrato de usufructo' con otra sociedad mercantil propiedad en su totalidad de UGT-A", que es Soralpe.

Gasto "artificial"

Así, la ejecución de las acciones formativas en sedes o locales de UGT-A "se realiza, por tanto, en dichos locales por la entidad vinculada IFES, pero Soralpe, cuya gestión de los mismos le ha sido encomendada, factura a IFES determinadas cantidades en concepto de alquiler ya que este gasto es un gasto objeto de subvención".

Con este procedimiento, según la UCO, "se habría creado de manera artificial un gasto que proporciona cuantiosos ingresos", y de hecho las declaraciones prestadas en este sentido por Fresneda "vendrían a corroborar el procedimiento descrito", a lo que se suma que "un estudio de la documentación generada por este asunto —contrato, facturas emitidas y recibidas, etc— abundaría aún más en la confirmación de la puesta en práctica y utilización de este procedimiento".

No obstante, "analizada toda la documentación intervenida en los registros domiciliarios realizados el día 19 de diciembre de 2013 en las sedes de UGT-A y Soralpe no ha permitido encontrar copia del referido contrato", por lo que pide distinta documentación "para profundizar en este aspecto, que podría resultar de gran importancia para la investigación, pues revelaría un importante fraude en la justificación de todas las acciones formativas que hayan sido impartidas en las sedes de UGT-A cuando el usufructo de éstas esté cedido a Soralpe".

En base a esta solicitud, el juez libra un mandamiento a UGT-A para que entregue el contrato de usufructo firmado ante notario entre Soralpe y el sindicato y requiere a Soralpe para que ponga a disposición judicial el libro de facturas emitidas —incluyendo la información relativa a concepto, fecha y cuantía— entre 2010 y 2014.

Devuelve a ugt-A

Los discos duros requisados en el registro de su sede

Igualmente, reclama a la Agencia Estatal de Administración Tributaria que entregue la información relativa a la declaración de operaciones con terceros realizada por la Soralpe entre 2010 y 2013.

En este sentido, el juez recuerda a la Agencia Tributaria "el urgente cumplimiento" que le fue librado el 14 de abril de 2014 para que "aportase esta información relativa a varias empresas, entre las que se encontraba Soralpe", mandamiento judicial "que aún no ha sido cumplimentado".

Por último, atiende a la petición formulada por la secretaria de Organización y Coordinación del área interna de UGT-A, María del Mar Serrano, y acuerda entregarle una copia de los discos duros que fueron retirados por la Guardia Civil en el registro realizado el 19 de diciembre de 2013 en la sede del sindicato.