La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha resuelto, en función del artículo 6 del Reglamento de la Defensoría Universitaria de la institución, volver a convocar un proceso electoral en un plazo máximo de 15 días para escoger a un nuevo Defensor Universitario, cuyo nombramiento se encuentra enquistado, después de que el hasta ahora Comisionado, Juan Daniel Ramírez Garrido, haya fracasado en su segundo intento de ser elegido para el cargo.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la sede académica, que han añadido que, mientras tanto, el puesto de Defensor se encuentra vacante, sin que haya trascendido aún si Ramírez Garrido volverá a presentarse o si alguna otra persona presentará candidatura.

El catedrático de Psicología de la Comunicación del Departamento de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública, que se presentaba a las elecciones a Defensor como único candidato, no ha alcanzado la mayoría absoluta requerida para su elección.

Ramírez Garrido —nombrado Comisionado a propuesta del rector, Vicente Guzmán— se presentó, por otro lado, como único candidato a las elecciones a Defensor el 6 de noviembre de 2013, aunque no alcanzó la mayoría absoluta requerida por dos votos. Obtuvo 83 votos a favor de 122 votos emitidos, mientras que la mayoría absoluta estaba fijada en 85 personas al estar el Claustro de la UPO compuesto por 168 miembros.

En las elecciones celebradas durante este martes y este miércoles en el Claustro, el candidato, presentado a propuesta de una quinta parte de los claustrales, ha cosechado 66 votos a favor, estando fijada la mayoría absoluta en 86 personas al haber 169 en el órgano claustral.

Polémica previa

Su presentación se produjo tras la polémica provocada después de que el anterior Defensor, el catedrático de Derecho Administrativo Eduardo Gamero, decidiera retirar su candidatura al entender que la elección de una figura que fundamenta su actuación en la confianza que merece "no puede tener su origen en una polémica acerca de la legalidad o no de la votación mediante la que se le designa", dado que la segunda votación programada, tras no lograr la mayoría necesaria en la primera, fue objeto de reclamación.

La Defensoría Universitaria es un órgano creado para velar por los derechos de toda la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente e investigador, y personal de administración y servicios. A este efecto recibe quejas y efectúa sugerencias, tramita expedientes de oficio y desempeña funciones de mediación. Todas sus actuaciones se dirigen a la mejora de la calidad universitaria. Se trata de un órgano de creación preceptiva, de acuerdo con la Disposición Adicional 14 de la Ley Orgánica de Universidades. Los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide regulan esta institución en el Título Octavo.

Se trata de un órgano de creación preceptiva, imparcial e independiente, cuya persona titular es democráticamente elegida por el Claustro, ante el que presenta un informe anual. No está sometida a directrices ni mandato imperativo alguno, pero tampoco dispone de poderes ejecutivos: efectúa recomendaciones y sugerencias guiadas por un principio de equidad o justicia material.

La designación del titular de la Defensoría requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Claustro universitario. El titular tendrá un mandato de cuatro años.