La Intervención General de la Generalitat Valenciana, un órgano de control que depende de la Conselleria de Hacienda del propio Gobierno autonómico, advierte de que algunos centros concertados de la Comunitat vulneran el principio de gratuidad de la enseñanza al obtener ingresos por conceptos tales como agendas, material didáctico o cajas de herramientas, al tiempo que alerta de que el precio diario del menú del comedor excede del máximo fijado por la Administración en determinados meses en función de los días lectivos.

Así consta en el informe de la Intervención, fechado el 14 de octubre de 2013, y facilitado este jueves por la diputada de Compromís Mònica Oltra en Les Corts. Precisamente, este grupo político presentó el año pasado una denuncia por la gestión de estos centros concertados, que el fiscal Anticorrupción ha puesto en conocimiento del juzgado al observar presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. Actualmente el juez mantiene abierta una investigación para depurar posibles responsabilidades.

El documento, que analiza las cuentas y el funcionamiento de cuatro centros privados sostenidos con fondos públicos entre 2011 y 2013, denuncia la existencia del cobro de nóminas sin trabajar, de unidades con menos alumnos del mínimo legal y de cuotas ilegales a los padres por actividades complementarias.

Cobro de nóminas sin haber prestado servicios. El informe narra el caso de una profesora que cobró 6.236,57 euros, que el interventor pide que sean reintegrados, durante cuatro meses por 15 horas lectivas semanales en Primaria que no impartió. También denuncia el cobro de complementos eliminados por sentencia judicial y retenciones de IRPF mal calculadas.

Ratios por debajo del mínimo legal y exceso de horas. El documento cita que uno de los centros excedió el límite de horas autorizadas en todos los niveles y unidades concertados y “un bajo número de alumnos por aula” detectado en controles aleatorios.

Cobro de cuotas por actividades complementarias. El interventor detecta, en otro centro, el cobro de una cantidad fija de 40 euros en todos los niveles, excepto FP, “para pagar una agenda, otros gastos complementarios y actividades complementarias que serán obligatorias”. Con ello, denuncia, se vulnera el principio de gratuidad de la enseñanza, el principio de igualdad entre alumnos y se cobra por actividades que no deben conllevar gasto a las familias. El documento también constata que la Administración, “por sistema, desatiende sus obligaciones de dictar resoluciones autorizando o denegando los precios”.

El informe acaba recomendando modificar la normativa para, entre otros aspectos, definir de forma más precisa los gastos financiables e incluye una nota de la Conselleria de Educación en la que se da por enterada del contenido del informe. “Una vez analizadas las conclusiones constatadas, se admiten las recomendaciones”, añade.