La Propuesta de Ley de Servicios Sociales elaborada por el Grupo Parlamentario Popular ha superado el debate de totalidad, y continúa con su tramitación parlamentaria a pesar del rechazo frontal de PSOE y Prex-Crex.

Esta confrontación se ha evidenciado en la petición expresa que han hecho ambos grupos para que se retire la propuesta de ley, a fin de conformar un texto que cuente con mayor consenso y participación de los agentes implicados.

El Pleno del Parlamento ha acogido este jueves el debate del texto y que, al no haberse presentado ninguna enmienda a la totalidad por el resto de grupos parlamentarios, y sin que se haya producido votación alguna, ha sido remitida a la comisión correspondiente para continuar con su tramitación parlamentaria.

Tan solo IU se ha mostrado dispuesto a "negociar" y a tratar de mejorar el texto en su recorrido parlamentario, escogiendo así la opción "menos mala", al entender que presenta un "déficit" de consenso y participación, ya que lo contrario sería dejarla sobre la mesa "sine die".

Según ha avanzado la propia diputada del PP, se espera que la norma esté definitivamente aprobada en marzo, y se ha comprometido a que en abril esté constituido un consejo asesor que tiene como objetivo desarrollar la propia norma, y en el que estarán representados los actores implicados en este ámbito.

Trabajar hasta el último

Así, y tras las sucesivas peticiones de retirada de la propuesta por parte de PSOE y Prex-Crex, Cepeda ha señalado que su partido va a "trabajar hasta el último día de la legislatura" por lograr aprobar esta ley, y les ha reprochado que prefieran quedarse con una ley "obsoleta", en referencia a la actual, que data de 1987.

Felisa Cepeda ha argumentado que "ningún gobierno" extremeño ha tenido "mayor sensibilidad social" que el de Monago, y ha defendido, frente a las críticas sobre las prisas con las que se ha presentado la propuesta, que se ha trabajado durante tres años en este texto. "No pensamos en las elecciones, pensamos en las personas, y vamos a trabajar hasta el último día", ha recalcado.

Durante la defensa de la propuesta de Ley, Cepeda ha subrayado que el texto configura el derecho a las prestaciones esenciales del sistema de servicios sociales como "un auténtico derecho subjetivo y universal, fundamentado en los principios de universalidad, igualdad, y con la finalidad de proporcionar una cobertura adecuada e integral a las necesidades personales básicas, y de las necesidades sociales".

Asimismo, ha remarcado que se materializa en el "reconocimiento del derecho de todas las personas a los servicios sociales, la defensa de igualdad de oportunidades, el fomento de la solidaridad, la atención prioritaria a las personas que se hayan en situaciones de necesidad social".

En su elaboración, se ha tomado como referencia leyes autonómicas y del Estado sobre protección social, los avances en Extremadura en materia de servicios sociales, las características de la región, y las aportaciones de los colegios profesionales de trabajadores sociales, la plataforma del tercer sector, el informe del consejo consultivo, así como el 80% del Proyecto de Ley elaborado por el anterior Gobierno socialista.

La nueva ley pretende situar a Extremadura "a la vanguardia en la prestación de servicios sociales", recogiendo una nueva organización y la "garantía de calidad" de las prestaciones a los ciudadanos.

Entre las medidas que recoge, contempla la creación de un mapa de servicios sociales, que será una herramienta de planificación territorial, que se divide en tres niveles: áreas de servicios sociales, zonas básicas de servicios sociales y unidades básicas de servicios sociales.

Asimismo contempla "por primera vez" un catálogo "amplio" de servicios y asimismo Cepeda ha resaltado el establecimiento de planes estratégicos de servicios sociales, que tendrán una duración máxima de diez años.

Además, se ha referido a la creación del citado consejo asesor de servicios sociales, que estará integrado por todos los agentes implicados en este ámbito, y que se establece como un órgano asesor, consultivo y de participación. Este órgano será el encargado de desarrollar los reglamentos de la ley.

Cepeda ha resaltado la puesta en marcha de un sistema unificado de gestión a los servicios sociales, que mejorará el acceso de los ciudadanos a las prestaciones.

Rechazo de psoe y prex-CREX

Las explicaciones de Cepeda no han convencido a la diputada socialista Consolación Serrano, quien ha pedido a los 'populares' que retiren el texto de una ley que "nace muerta", según ha dicho, porque "no cuenta con el apoyo de los ciudadanos".

Serrano y Cepeda se han intercambiado acusaciones respecto a haber actuado aplicando la estrategia del estudiante "vago". Así la diputada socialista cree que el PP ha dejado "para el final" esta ley, mientras que la diputada 'popular' ha reprochado al principal partido de la oposición de no querer trabajar "hasta el último día de la legislatura" por sacar adelante una ley que sustituye una norma "obsoleta" de hace 27 años.

Consolación Serrano ha insistido en que el PP ha faltado al "respeto" de los ciudadanos al llevar al Parlamento una ley de forma "atropellada" y "deprisa", y no permitir el debate, debido a la proximidad de las elecciones autonómicas de mayo.

Asimismo, ha asegurado que contiene "errores técnicos garrafales" y que la norma es deficitaria en materias de participación, competencias, financiación, puesto que carece de memoria económica, y que abre la puerta a la "privatización" de los servicios, además de ser una "ley hueca" que deja "todo" para su desarrollo posterior.

PREX-CREX

En esta misma línea se ha mostrado la diputada de Prex-Crex, Fernanda Ávila, que ha pedido la retirada de la propuesta de Ley, al considerar que "no hay por donde cogerla", y porque no se ha elaborado, ha dicho, con el consenso de todos los implicados.

Ávila se ha mostrado de acuerdo en que es necesario modificar la ley de 1987, pero no comparte la forma en la que lo han hecho los populares. En su opinión, "un gobierno serio" no debe presentar una ley de la importancia de ésta "deprisa y corriendo", y "sin consenso".

En este sentido, se ha referido al "popurrí" de leyes que verá la cámara en los próximos 15 días, muchas de ellas sin informe de Consejo Consultivo. En este caso sí cuenta con él, pero no con el dictamen del Consejo Económico y Social.

Al respecto, ha mostrado su preocupación ante la falta de financiación para prestar los servicios que recoge, y por la posibilidad de que esta ley sea la "antesala" de la "privatización" de los mismos, y asimismo ha criticado que haya "muchísimas cuestiones" que se han dejado para el desarrollo de un posterior reglamento.

Opción "menos mala" para iu

El portavoz de IU Extremadura, Pedro Escobar, ha anunciado su participación en la mejora del texto durante la tramitación parlamentaria mediante la presentación de enmiendas.

No obstante, Escobar ha señalado que el Gobierno y el PP "no han hecho los deberes" con respecto a esta Ley, pero que prefiere trabajar sobre este texto al ser la opción "menos mala" con la que cuenta, ya que la otra sería volver a aparcar la reforma de la Ley "sine die", ha dicho.

No obstante, ha avanzado que espera que ley resuelva las "lagunas y deficiencias" del actual sistema, y ha pedido que supere el "viejo" concepto de "asistencia social".

Escobar ha sido tajante en cuanto a la defensa de que el sistema sea de "titularidad pública y gestión directa", así como que la norma que finalmente se apruebe cuente con el mayor consenso, para que sea de "largo recorrido" y no sea derogada cuando cambie el gobierno.

En este sentido, ha reclamado el acuerdo entre los grupos políticos, pero también al consenso social y profesional, lo cual es un "déficit" de la propuesta de ley elaborada por el PP, según ha defendido.