La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha solicitado a las Corts la creación de una comisión de investigación sobre las cláusulas administrativas para la contratación del servicio de transporte escolar para centros docentes públicos por 328 millones porque considera que está "precocinado para que se adjudique a la empresa Transvía, "de la familia Catalán, que gestiona el transporte urbano en Torrent (Valencia)", donde fue alcaldesa la actual consellera de Educación, María José Català. Además, afirma que uno de sus propietarios "fue compañero de carrera" del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y del eurodiputado del PP Esteban González Pons.

El PP ha rechazado esta iniciativa —apoyada por la oposición— por considerar que se trata, según ha dicho el diputado 'popular' Alfredo Castelló, de una idea "peregrina" y llena de "insidias" que lo que pretenden es sembrar el "alarmismo y la desconfianza" en las instituciones. Otro objetivo, ha continuado, es "meter miedo a los funcionarios" que redactan los pliegos y son parte de las mesas de contratación pero, "no da miedo a los funcionarios, como no nos lo da a nosotros", ha afirmado.

Oltra ha fundamentado la solicitud de investigación en que se ha licitado un contrato de transporte que amplía a la provincia la concurrencia del servicio, lo que perjudica a las pequeñas empresas y "prepara el terreno" a Transvía. Asimismo, el Consell ha subido la edad media de los autobuses de cuatro años a siete "porque la media de los autobuses de Transvía es de 6,5".

Igualmente, ha señalado que "lo normal" sería puntuar más los autobuses nuevos pero, en el caso de esta licitación, "Català antepone los intereses de sus amigos sobre la seguridad de los niños". "El origen de estas prisas es que van a perder las elecciones y quieren dejarlo todo bien atado a las personas que están cerca del PP", ha concluido.

El diputado 'popular' ha lamentado que Oltra ponga por argumento que "éste iba a clase con no sé quien" y ha afirmado que "después de 160 peticiones de comisión, se les han acabado los temas". Asimismo, ha defendido que con la reducción de los lotes por provincias se consigue un "reparto más equitativo, un mayor número de vehículos, se reducen los gastos para la administración y las empresas, y así se da una mejor eficiencia en el servicio".

Además, "dice que se va a castigar a las pymes, cuando van a participar más de 125 empresas valencianas en este servicio público", al tiempo que ha asegurado que "todos los autobuses" tienen cinturón de seguridad.

Por parte del resto de grupos de la oposición, que han expresado su apoyo a la iniciativa, la parlamentaria socialista Pilar Sarrión ha respondido que "la administración está paralizada por las corruptelas del PP", no por las comisiones de investigación. Por su parte, la portavoz adjunta de EUPV, Marga Sanz, ha compartido el argumento de que se han hecho unas cláusulas de licitación "a la medida de los grandes, de los amigos del PP".