Los agentes locales de promoción y empleo (ALPE) han anunciado que acudirán a todos los actos de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tanto de la Junta como del PSOE, para pedirle explicaciones ante las "mentiras del Gobierno andaluz", ya que, según indicaron fuentes de este colectivo, "no sólo no cumplen las sentencias de readmisión sino que están recurriendo las sentencias de ejecución ya dictadas".

Fuentes de este colectivo han indicado a Europa Press que en las últimas dos semanas "hemos acudido a actos con la presidenta de la Junta, nos hemos acercado a ella y nos ha dicho por activa y por pasiva que a finales de enero nos daría una solución e incluso nos ha dicho que firmaría la ejecución de la sentencia de los compañeros de Cádiz con resolución judicial".

No obstante, lamentan que la Junta "ha vuelto a interponer otros recursos de reposición contra las sentencias de ejecución, y eso es de poca vergüenza, pues supone mentirnos en nuestra cara".

Han indicado que en el caso de esos trabajadores "se supone que ya debían estar trabajando esta semana", tras lo que han dejado claro que dichos recursos "no suponen paralizar la ejecución de dichas sentencias, sino que tienen que darle de alta desde octubre y pagar los salarios desde entonces, en definitiva, supone una multa para la Junta".

Este colectivo ha dejado claro que no quiere politizar este asunto "pero sólo queremos nuestro trabajo y que se cumpla la ley y la Justicia, pues ni siquiera cumplen con las sentencias que ya hay; no queremos hacer más gasto al erario público andaluz".

Asimismo, fuentes de este colectivo han explicado que esta semana han mantenido reuniones con partidos políticos para recabar apoyos "e incluso el PP se ha comprometido a readmitirnos públicamente".

Ante esta situación, estos trabajadores ha anunciado la convocatoria de nuevas movilizaciones, pendientes de concretar, y van a intentar acudir a todos los actos de la presidenta de la Junta, tanto del Gobierno andaluz como de partido, "para pedirle explicaciones y que no nos mienta más". "Donde vaya ella iremos nosotros para que no nos olvide", han apuntado las fuentes.

Han recordado que llevan "dos años y medio pendientes de una solución, y la queremos ya, pues hace un año que salió la primera sentencia del Tribunal Supremo".

Han indicado que la situación de los ALPE "genera un perjuicio para las 800 familias afectadas, a las arcas públicas andaluzas que seguirán pagando 70.000 euros diarios", de manera que aseguran que "ya van más de 50 millones en salarios de tramitación, con el consiguiente colapso de los servicios judiciales".