El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla ha decidido suspender el procedimiento judicial iniciado por el recurso de la Abogacía del Estado contra la resolución de la dirección gerencia del Servicio Andaluz de Salud que iniciaba la tercera convocatoria de selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía.

El recurso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad perseguía la nulidad de la resolución que regulaba esta tercera convocatoria por entender que esta regulación "resulta incompatible con la legislación estatal". Sin embargo, el juzgado entiende que, dado que ya está planteado recurso de inconstitucionalidad sobre este asunto, no procede entrar a valorar este recurso, según ha precisado en una nota la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta andaluza.

El recurso, presentado por la Abogacía del Estado y que no ha sido admitido por el juzgado, se dirige contra la resolución de 20 de junio de 2013, que iniciaba la tercera convocatoria pública de selección de medicamentos.

En dicha convocatoria se incluían un total de 288 principios activos diferentes de 148 subgrupos farmacoterapéuticos diferentes y que se encuentran en el mercado con 5.325 marcas o denominaciones comerciales distintas. Entre ellos destacan, por ser los más consumidos, los antihipertensivos, analgésicos, ansiolíticos, antiinflamatorios, antitrombóticos, hipnóticos y sedantes, opioides, antihistamínicos, antibióticos, hipoglucemiantes, antiúlcera péptica o protectores gástricos, antidepresivos, antibióticos y tratamientos para el colesterol. Estos fármacos suponen el 33,32 por ciento sobre el consumo total de recetas de medicamentos prescritas en Atención Primaria.

Con este procedimiento, la Consejería continúa avanzando en medidas de eficiencia económica del sistema sanitario público de Andalucía. Esta medida, además de suponer un importante ahorro para el sistema sanitario público andaluz, sin mermar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, permitirá que aquellas personas que requieran hacer uso de ellos tengan acceso siempre al mismo medicamento, con el mismo envase y la misma presentación, lo que facilitará su identificación y, por tanto, la adhesión al tratamiento. El objetivo de ahorro de este procedimiento se sitúa en 200 millones de euros al año.