El portavoz de Grupo Mixto y procurador de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León, José María González, ha acusado a la compañía Nissan de incumplir sus compromisos en la planta de Ávila mientras que el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ha achacado la situación de esta factoría a "problemas de mercado".

En su respuesta a la pregunta parlamentaria formulada por el procurador de IU, el consejero ha recordado que las ayudas que la fábrica abulense ha recibido de las distintas administraciones responden al acuerdo social firmado en 2010 entre trabajadores, Ministerio de Industria y Junta de Castilla y León para concertar un Plan Industrial cuyas inversiones "sí se han realizado", con la concesión de un nuevo vehículo y nuevos motores que dieron "actividad" en la planta.

A pesar de ello, ha subrayado que a finales de 2014 se ha suscitado un problema de ventas, puesto que las previsiones de fabricación de la empresa "no las absorbe el mercado" ya que, a su juicio, "el sector de los vehículos comerciales aún no se ha recuperado del todo".

Ante esta dificultad, Tomás Villanueva ha abogado por "adoptar soluciones" y ocupar al "excedente de plantilla", para lo cual hay que "reestructurar la planta" y ganar de esta forma "competitividad".

En este sentido, ha señalado que trabajadores y empresa "están dialogando" y ha asegurado que, por su parte, la Junta "sí hace seguimiento de las ayudas que concede", a pesar de que González ha cargado contra el Gobierno de la región por no hacer "un seguimiento real del dinero público al servicio de las empresas".

Asimismo, José María González ha advertido de "presiones" de los propietarios con el objetivo de "atornillar a los trabajadores" y ha acusado a la dirección de no generar los puestos de trabajo a los que se había comprometido con la Junta, por lo que ha preguntado al Ejecutivo autonómico "qué plan tiene para garantizar que las ayudas van a tener el efecto de asegurar el futuro de la factoría y el empleo".

Asimismo, ha acusado a Nissan de incumplir el Plan Industrial de 2010 y a la Dirección General de Industria de "presionar" al pedir "sacrificios" a los empleados de una fábrica que en 2014 "fue la segunda más productiva de España".