El consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, ha afirmado este lunes en el Pleno del Parlamento que el Gobierno asumirá la gestión del puerto deportivo de Laredo cuando se resuelva el contrato, después de que la concesionaria haya entrado en liquidación, y en el marco de esa futura gestión pública, ha anunciado que el Ejecutivo pondrá los atraques de la infraestructura pejina a los mismos precios que en el resto de puertos públicos de Cantabria.

También ha explicado que una vez resuelto el contrato -única posibilidad que contempla la Ley de Contratos en supuestos como éste-, en seis meses se deberá fijar la responsabilidad patrimonial que la administración tendrá que pagar al concesionario, la sociedad Marina de Laredo, formada por Ascan y FCC.

"No tengan dudas que van a ser muchos millones de euros con gravísimos perjuicios para todos los cántabros y para nuestros presupuestos regionales, que por sus insensatas megalomanías -ha dicho a PRC y PSOE- evitarán poner en marcha nuevas inversiones o nuevas actuaciones sociales, con un gravísimo problema para el equilibrio de nuestras cuentas", ha afirmado.

El consejero ha explicado que el Gobierno tendrá que hacerse cargo de la explotación de todo el puerto de Laredo, los atraques, la marina seca, el parking y el edificio, y ha añadido que el Ejecutivo "ha sido, es y será responsable, para conseguir el mayor de los rendimientos económico y sociales posibles al nuevo puerto de Laredo", ha dicho.

Según ha explicado, el 17 de noviembre los servicios jurídicos del Gobierno pidiendo que se valore el incumplimiento de causas esenciales del contrato por la concesionaria para una posible resolución del mismo. Y el 19 de enero se ha acordado el inicio del procedimiento de resolución nombrando un instructor que en el plazo de tres meses "dictará la propuesta que proceda en derecho".

Estas han sido prácticamente las únicas alusiones del consejero a la situación presente y el futuro del puerto de Laredo, ya que la mayor parte de la comparecencia -a petición propia- se ha centrado en el pasado, y en desgranar las "graves irresponsabilidades" cometidas a su juicio por el Gobierno PRC-PSOE con el puerto de Laredo, cuyo coste ha cifrado en 77 millones de euros.

Rodríguez Argüeso ha criticado especialmente que en junio de 2009, a falta de un mes para que concluyera el plazo de ejecución de las obras del puerto, y cuando estas ya acumulaban un retraso de un año y medio respecto al plazo inicial, se aprobara un modificado que aumentaba el coste un 19,95%, de 64 a 77 millones, y elevaba el número de atraques de 540 a 859. En su opinión, eso se llama "megalomanía".

También ha censurado que en abril de 2011, una vez inaugurado el puerto, y ya "en plena campaña electoral, con el Parlamento disuelto, el Gobierno en funciones y sin decírselo a los cántabros", el Gobierno de Revilla autorizó a Puertos de Cantabria a suscribir una cuenta de compensación con la concesionaria para restablecer el equilibrio económico financiero del contrato (como consecuencia de los daños generados por sucesivos temporales y otros imprevistos).

Según Rodríguez Argüeso, en las condiciones previstas por el anterior Gobierno, la administración asumía un riesgo que ha cifrado entre 43 y 156 millones de euros "en el peor de los casos". "Pone los pelos de punta", ha declarado, tras destacar que al tomar posesión, se encontró que el Gobierno tenía que pagar más de 43 millones por el puerto, la lonja y la urbanización hasta 2019.

Por todo ello, ha defendido la gestión del nuevo Gobierno al declarar la lesividad del aquel acuerdo sobre la cuenta de compensación y ha destacado que el Ejecutivo ha ganado seis pleitos en relación con esta cuestión, "seis de seis".

Sin embargo, los portavoces de la oposición han defendido la gestión del anterior Gobierno, han atribuido a la crisis económica buena parte de lo ocurrido con esta infraestructura y han opinado que el PP "en vez de promocionar el puerto de Laredo se ha dedicado a boicotearlo" para "poner el san benito al anterior Gobierno".

Antes de la comparecencia del consejero, el Pleno ha rechazado, con el voto en contra del PP y la abstención del PSOE, una proposición no de ley del PRC que instaba al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para solucionar "a la mayor brevedad posible" el problema planteado con la explotación del Puerto de Laredo, "de manera que no se produzcan perjuicios innecesarios tanto para la Administración como para la empresa concesionaria y la economía de Cantabria en general".

El exconsejero de Obras Públicas, José María Mazón, ha afirmado que la gestión del Gobierno del PP en este asunto es "un ejemplo de incompetencia e incapacidad", a la vez que le ha acusado de "deslealtad" con las decisiones del anterior Ejecutivo y ha negado que sea "megalomanía".

"Lo único que han hecho es tirar piedras contra su propio tejado. Me temo que va a ser peor el remedio que la enfermedad", ha afirmado el regionalista, quien no obstante, considera que "se podría estar a tiempo si se actúa con sabiduría y conocimiento".

El portavoz del PSOE, Francisco Fernández Mañanes, ha advertido que la situación del puerto de Laredo no es un problema entre el PRC y el PP sino "un gran marrón que tenemos todos los cántabros, por la "ingente" cantidad de dinero público invertido, y ha destacado que "es un reto extraordinario resolver este lío excepcional y convertir esa infraestructura en algo rentable y productivo sin que cueste un euro más de dinero público".

"El pasado está ya más que juzgado, ya ha prescrito", ha dicho Mañanes, quien ha reprochado al consejero que en más de media hora que ha durado su primera intervención, solo haya dedicado "un minuto" a hablar de lo que quiere hacer con el puerto y lo que va a pasar a partir de ahora. Además, ha destacado que si hubiera encontrado la más mínima irregularidad en la gestión del anterior Gobierno, "no hubiera dudado ni medio segundo en llevarlo al juzgado de lo penal".

El portavoz del PP, Eduardo Van den Eynde, ha dado la razón a Mañanes en que es "un enorme marrón" pero le ha pedido que "no se ponga de perfil" porque el PSOE formaba parte del Gobierno que lo "generó". También se ha mostrado de acuerdo con Mazón en que el puerto de Laredo es "un ejemplo de mala gestión, pero del Gobierno anterior", y ha destacado las seis sentencias que dan la razón al Ejecutivo actual.

Al igual que el consejero, ha censurado la "mentalidad absolutamente megalómana" del anterior Gobierno, y ha destacado que la propuesta del PRC no es viable porque no es posible conciliar las posturas de dos partes -el Gobierno y la concesionaria- "en litigio y con intereses contrapuestos".

El debate ha sido seguido desde la tribuna de invitados por el alcalde de Laredo, Angel Vega, y otros miembros del equipo de Gobierno.