La jueza del conocido caso Cooperación ha dado un impulso al procedimiento con la citación de 22 testigos de la pieza 3, relativa a las acciones institucionales aprobadas por la Generalitat valenciana para la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto, en cuatro días —26 y 27 de febrero, y 2 y 9 de marzo—.

Según consta en la providencia, la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha condensado en cuatro días las testificales de 22 personas, la mayoría representantes o trabajadores de ONGs como Unicef, Asamblea de Cooperación por la Paz, Save the Children, Cesal, Acción contra el Hambre, Farmacéuticos Mundi, Intermón Oxfam, Acnur, Fontilles y Fuden.

Entre los citados se encuentra el presidente de Cruz Roja en la Comunitat Valenciana, Fernando del Rosario, quien tendrá que acudir al juzgado el 27 de febrero, a las 9.30 horas; o el que fuera director de Obra Social CAM, Vicente Botella, a quien se le ha citado el 2 de marzo, a las 12 horas.

En concreto, en esta pieza 3 se investigan supuestos delitos cometidos con ocasión de las acciones institucionales aprobadas para la reconstrucción de Haití tras el terremoto —delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, malversación y falsedad—.

La Fundación Hemisferio recibió 175.000 euros de la Conselleria para asesoramiento técnico sobre la construcción de un hospital en Haití, en el que la Generalitat iba a invertir otros cuatro millones de euros, pero no lo llegó a realizar al hacerse pública una investigación sobre estas ayudas.

Quedaría pendiente de instruir también la pieza 2 del caso, en la que se investigan presuntos delitos cometidos con ocasión de la concesión y gestión de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo a distintas ONGs durante los años 2009, 2010 y 2011 —delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental—. Al respecto, se investiga la utilización que hizo la Fundación Hemisferio de pequeñas ONGs —Fudersa, Ceiba o Esperanza sin Fronteras, entre otras— para conseguir subvenciones de la extinta Conselleria de Solidaridad.

La pieza principal, la relativa a irregularidades en la concesión de ayudas a la Fundación Cyes en el año 2008 para proyectos en Nicaragua, ya fue juzgada en el TSJCV y se dictó sentencia condenatoria para todos los acusados —a falta de ser confirmada por el Tribunal Supremo (TS)—.

Esta pieza la empezó a investigar la actual jueza del 21 que lleva el resto del procedimiento, pero tuvo que derivarla al tribunal valenciano cuando vio indicios de delito en la actuación del exconseller y exdiputado 'popular' —aforado— Rafael Blasco, condenado a ocho años de prisión por este fraude.

De esta forma, toda la causa se mandó al tribunal valenciano, que la separó en tres piezas y juzgó la primera. Tras la condena, Blasco dejó su acta de diputado y al quedarse el procedimiento sin aforados, fue remitida del nuevo al juzgado de Valencia para continuar con la tramitación de las piezas 2 y 3.