El Gobierno del Principado de Asturias urge al Gobierno central a transponer la directiva europea de contratación pública para facilitar la modificación de la ley de servicios sociales asturiana con la que el Ejecutivo de Javier Fernández pretende implantar el 'Concierto Social' y dar prioridad a entidades del tercer sector.

Según indicó en rueda de prensa el consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, el Principado trabaja para agilizar los trámites de la modificación parcial de la ley autonómica de servicios sociales hasta el "límite" legal que le permitan sus competencias, apuntando que quedan dos meses de legislatura.

El propósito es recoger la nueva figura del 'Concierto Social' para "reforzar las relaciones entre la administración y las entidades del tercer sector", así como otra figura específica para las entidades sin ánimo de lucro que opten a programas innovadores o en casos en los que se aconseje la no aplicación del 'Concierto Social' para dar "respuesta rápida y urgente a personas con necesidades extremas". "Se busca enriquecer la calidad de gestión de los servicios sociales y llegar cuanto antes y de la mejor manera posible a personas con necesidades", ha asegurado.

No obstante, ha explicado que los servicios jurídicos que preparan el informe sobre el proyecto han advertido del "riesgo de invasión de competencias" en relación a la ley de contratos estatal. Por ello, desde el Gobierno asturiano se insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a transponer cuanto antes la directiva europea y solucionar, así, un posible riesgo de choque de competencias.

La directiva europea incorpora nuevas normas de contratación pública y concesiones para dar mayor margen a las administraciones a la hora de adjudicar obras, bienes o servicios, incorporando además del criterio económico otros de carácter social o medioambiental en las licitaciones.

"Las políticas sociales para apoyar a los asturianos con menos recursos y más golpeados por la crisis y los recortes impuestos por el Gobierno de España son y serán una prioridad del Principado", ha dicho Martínez, remarcando que la urgencia de adaptar la directiva europea no es sólo una necesidad de Asturias "sino de todas las comunidades autónomas".

Desde el Principado, la tramitación se encuentra pendiente del informe de los servicios jurídicos para su traslado al Consejo Consultivo, con el propósito de saber "hasta dónde se puede llegar con la modificación para evitar invadir la competencia nacional" antes de su remisión a la Junta General.

Guillermo Martínez ha defendido la "clara voluntad política" del Principado "para mejorar la prestación de los servicios sociales con todas las garantías legales", reiterando su exigencia de compromiso al Gobierno central.

"El Principado trabaja con la máxima urgencia y la voluntad inequívoca para la modificación de la ley", ha dicho, confiando en que exista consenso en el parlamento asturiano. "La preferencia nítida del Ejecutivo autonómico es favorecer una relación privilegiada con entidades tercer sector para ofrecer determinados servicios de proximidad", ha reiterado.