El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, en su primera reunión tras la disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones el 22 de marzo, el Plan Integral de Fomento para la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, que destinará una dotación estimada de 529,2 millones de euros hasta 2020 para relanzar la actividad y el empleo en uno de los sectores más afectados por la crisis económica.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha querido dejar claro que esa es la dotación "mínima" que tendrá el plan y ha hecho una estimación de unas 75.000 nuevas contrataciones para los cinco años, si se tiene en cuenta que el programa de impulso a la construcción sostenible que se creó en abril de 2014, con una dotación de 150 millones, ha supuesto 14.200 contrataciones.

Con la dotación de 529,2 millones, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo, Andalucía se situará como referente del desarrollo equilibrado de esta actividad, que actualmente supone el 8,5 por ciento del Valor Añadido Bruto regional y el 5,2 por ciento del empleo, según el consejero.

El plan, definido en el seno de la Mesa de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía con las aportaciones de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, establece la rehabilitación como una alternativa de especialización, competitividad y empleo a partir de la intervención en edificios antiguos o de su escasa calidad constructiva. Actualmente, este tipo de inmuebles alcanza la cifra de dos millones en la comunidad.

La nueva estrategia recoge un amplio conjunto de medidas e incentivos para mejorar el ahorro y la eficiencia energética de las edificaciones; configurar un tejido productivo especializado en construcción sostenible; impulsar el uso de fuentes renovables; agilizar y reducir trámites administrativos; favorecer la transparencia frente a las prácticas especulativas; incorporar en las adjudicaciones públicas requerimientos de inserción laboral; atender las necesidades de vivienda y energía de los colectivos más vulnerables, y fomentar la creación de un 'clúster de la construcción sostenible' capaz de establecer alianzas y captar y exportar proyectos.

Otras iniciativas previstas son la constitución de una red de gestores energéticos como salida laboral especialmente dirigida a los jóvenes; la implantación de nuevos perfiles profesionales; desarrollo de un marco normativo que garantice el óptimo funcionamiento del sector, y la puesta en marcha de medidas para afianzar la posición de Andalucía en el exterior como referente en rehabilitación y construcción sostenible.

Respecto a las medidas de ahorro, eficiencia energética y uso de fuentes renovables, el plan dará continuidad a la línea de incentivos abierta en 2009 para respaldar inversiones en esta materia. Desde su puesta en marcha, el Programa para el Desarrollo Energético Sostenible, Andalucía A+, ha apoyado con 214,5 millones de euros un total 90.597 proyectos que han movilizado una inversión superior a los 1.300 millones de euros.

El consejero ha señalado que este plan permitirá paliar la incidencia de la crisis económica en la construcción, un sector que ha perdido 351.000 ocupados desde 2007 y actualmente presenta una tasa de paro asociado cercana al 40 por ciento. La excesiva atomización (las microempresas representan el 98%), unida a la elevada dependencia de la financiación externa (el 73% de los recursos totales de la empresas) y al escaso nivel de industrialización, suponen importantes barreras al desarrollo de la actividad, según ha indicado.

Asimismo, el plan adaptará a los requisitos del nuevo Marco de Apoyo Comunitario de la Unión Europea 2014-2020 los incentivos del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible de Andalucía, que desde su creación en abril de 2014 ha respaldado con 24.562 actuaciones de mejora energética en edificios. En este caso, la inversión generada ha sido de 224 millones de euros, con 14.200 contrataciones realizadas.

Las intervenciones ya desarrolladas en el marco de este programa, con la participación de más de 7.600 empresas colaboradoras, han supuesto un ahorro de más de 210 millones de euros en la factura energética de hogares y empresas, equivalente al consumo anual de 26.000 toneladas de petróleo y a la emisión de 62.000 de dióxido de carbono.

Sánchez Maldonado ha anunciado que está prevista la "reapertura" de dicho programa en los próximos quince días y ya estará vinculado al nuevo plan integral aprobado este martes.