Los cuatro puntos de encuentro que la Consejería de Familia y Servicios Sociales gestiona en las Islas -Palma, Inca, Maó e Eivissa- han servido para que numerosas parejas en situación de conflicto hayan realizado, durante 2014, un total de 5.702 intercambios de menores y 1.937 visitas tuteladas.

Este recurso es un espacio físico destinado a facilitar el cumplimiento del régimen de visitas que establecen los juzgados de familia después de una separación o divorcio, cuando la relación entre los progenitores está tan deteriorada que hace aconsejable que ambos no mantengan contacto ante el menor; cuando existen circunstancias personales de riesgo para los menores, que aconsejan la supervisión de los encuentros, o cuando el progenitor no custodio no dispone de un entorno adecuado para realizar las visitas, entre otros casos.

Las principales actuaciones que desarrolla este servicio son dos: visitas tuteladas e intercambios.

En los intercambios, los menores no quedan en el centro, sino que acuden solo con la finalidad de encontrarse con el progenitor no custodio e irse con él durante el tiempo que el juez dictamine, que puede ser de unas horas, de unos días o de un fin de semana.

El objetivo que se persigue inicialmente es evitar el contacto entre los dos progenitores, para que el menor no presencie discusiones, tensiones o situaciones de conflicto entre los dos miembros de la pareja.

En las visitas tuteladas, los menores permanecen dos horas en una frecuencia de uno o dos días semanales en el centro con el progenitor no custodio, bajo la supervisión del equipo técnico.

En concreto, el punto de encuentro de Palma ha registrado 1.152 visitas tuteladas y 4.332 intercambios; el de Inca, 281 visitas tuteladas y 204 intercambios; el de Maó, 150 y 264, y el de Eivissa, 354 y 902.

Así, el punto de encuentro permite que el intercambio de los niños o la visita del progenitor no custodio se haga en un espacio neutral, donde padre y madre no necesiten coincidir, y donde el menor cuenta con la presencia de asistentes sociales, psicólogos y otros profesionales.

Esta intervención tiene una duración máxima de 18 meses y tiene como objetivo principal la normalización del régimen de visitas.

El objetivo es actuar en beneficio de los menores, respetando en todo momento el derecho de visita y de relación entre los menores y sus familiares, defendiendo los derechos de los niños y estableciendo como prioridad su bienestar y desarrollo integral.

Respecto a los casos abiertos durante 2014, en totales en las islas se iniciaron 98 casos y se cerraron 106 (algunos de estos incoados en años anteriores). Permanecen activos 111 expedientes.

En Palma, los juzgados derivaron 65 nuevos casos y finalizaron 63; en Inca, se iniciaron 10 casos y se cerraron otros 10; en Maó, se abrieron 8 actuaciones y se concluyeron 16, mientras que en Eivissa comenzaron 15 y acabaron 17.