La Diputación de Sevilla ha suspendido el expediente disciplinario incoado contra el funcionario Carlos Podio, otrora jefe del servicio de Carreteras, como consecuencia de su imputación en la operación Enredadera, que investiga una red de sobornos a funcionarios y responsables públicos a cambio de contratos públicos en favor de la empresa Fitonovo. El expediente, en concreto, es suspendido "hasta tanto recaiga la correspondiente resolución judicial", salvo en lo referente a la posible comisión de "una falta muy grave relativa al incumplimiento de las normas de incompatibilidad".

La juez Mercedes Alaya, desde el juzgado de Instrucción número seis, investiga una red de sobornos a funcionarios y responsables públicos a cambio de contratos públicos en favor de la empresa Fitonovo. Hablamos de la operación Madeja, rebautizada después como Enredadera.

La última fase de esta investigación supuso la detención de 32 personas en 13 provincias de España, motivando después sonadas imputaciones como las del ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo o el que fuera portavoz municipal de IU-CA José Manuel García.

En la causa figuran también como imputados el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el exconcejal del PP Joaquín Peña; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; el exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; el también funcionario de la Diputación Francisco Javier Heredero López, y diversos trabajadores y directivos de Fitonovo.

El cese de podio

La implicación de Carlos Podio en la causa, recordémoslo, supuso su destitución inmediata como jefe del servicio de Carreteras de la Diputación, que además abrió en su contra un expediente disciplinario. Pues bien, según una resolución de la Diputación emitida el pasado 21 de enero y recogida por Europa Press, al personarse la institución en la instrucción de la investigación judicial, ha quedado de manifiesto que Carlos Podio "se encuentra imputado" en dicha causa, por presuntos delitos continuados de cohecho, malversación de fondos públicos, fraude, exacciones ilegales y asociación ilícita.

En ese sentido, merced al Reglamento Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, "de aplicación supletoria a los funcionarios de la administración local", los letrados de la institución han comunicado "la procedencia de suspender la tramitación del expediente disciplinario hasta tanto recaiga la correspondiente resolución judicial". En ese sentido, esta resolución acuerda suspender el expediente disciplinario "hasta tanto recaiga la correspondiente resolución judicial", salvo en lo referente a la posible comisión de "una falta muy grave relativa al incumplimiento de las normas de incompatibilidad, cuando ello da lugar a una situación de incompatibilidad".

En paralelo, la resolución desestima la petición de Podio de levantar "la medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo". Y es que la institución señala la imputación del funcionario y "la gravedad de las circunstancias" por las que está imputado. Dado el caso, la Diputación mantiene la suspensión provisional de empleo y sueldo de este funcionario.