Tres exaltos cargos del Consell de Mallorca, que este miércoles han declarado en calidad de imputadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, han defendido la legalidad de un expediente por el que fueron abonados, de forma presuntamente irregular, 22.000 euros públicos a la empresa Minser para la realización de un informe sobre la instalación en el aeropuerto de unos vídeos promocionales de los pueblos de Mallorca.

En concreto, han comparecido en dependencias judiciales la exdirectora insular Turismo Melchora Gómez; la exsecretaria técnica del departamento de Economía y Turismo, Isabel Monjo, y la exécnica administrativa general de Presidencia, Maria Antònia Escanellas, quienes han asegurado que los trabajos por los que fueron pagados los fondos se llevaron a cabo, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

La Fiscalía Anticorrupción, no obstante, investiga el hecho de que en el negociado sin publicidad las tres empresas que concurrieron al mismo eran del mismo grupo, Minser, que de la docena de vídeos que debían proyectarse en el aeropuerto de Son Sant Joan finalmente se visionaran siete, y que la duración de varios de ellos fuera más corta que la exigida en el pliego de condiciones del contrato.

Sobre estos aspectos, las encausadas han alegado que ellas no eran las encargadas de elegir las empresas que debían presentarse al concurso y que desconocían que las tres mercantiles pertenecieran al mismo conglomerado empresarial. Sí han recordado que se trata de sociedades que habitualmente proveían al Consell en materia tecnológica y que presentaban el perfil adecuado para la realización del trabajo en cuestión.

Al ser inquiridas sobre si antes de dar el visto bueno al pago comprobaron que el encargo se había llevado a cabo, las exaltos cargos han apuntado que sí, pero no al detalle. Según han apuntado, la Institución supramunicipal cuenta con una oficina turística en el aeropuerto cuyos encargados se cercioraban de que las pantallas habían sido instaladas y los vídeos visionados.

El presunto amaño de este negociado se investiga junto a otras dos contrataciones cuya adjudicación global asciende a un total de 82.000 euros. Unos hechos por los que en mayo de 2012 fueron detenidos el los dos exsocios de Minser Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas, quienes ingresaron en prisión sin fianza. Un mes después, los imputados fueron puestos en libertad.

Cabe recordar que durante su declaración ante la magistrada de guardia que decretó su ingreso en la cárcel, Escuer y Rivas, asistidos respectivamente por los abogados Carlos Barceló y Salvador Perera, defendieron que los trabajos para los que resultaron adjudicatarios se llevaron a cabo, por lo que negaron cualquier tipo de irregularidad en su tramitación.

Mientras tanto, Escuer apuntó a Eugenia Cañellas, exsecretaria técnica de Nadal, como la persona que le indicó que presentase su oferta a los tres negociados y recordó que a las convocatorias concurrieron otras dos mercantiles, tal y como establece la Ley de Contratos con la Administración Pública -que al menos tres empresas capacitadas para la ejecución del objeto del contrato concurran al negociado-.

Los imputados defienden la utilidad que se le dio a los pagos

Sin embargo, las pesquisas apuntan al supuesto amaño de los tres expedientes adjudicados a Minser y al pago por parte del Consell por distintos informes de los que, según la Fiscalía Anticorrupción, no hay constancia alguna. Ante esto, las defensas de los imputados aportaron copia de los estudios llevados a cabo con el dinero del Consell para probar la utilidad que se le dio a los pagos.

Por su parte, Cañellas, quien ya en el marco de otra causa apuntó que empresas proveedoras pagaron, con dinero público procedente del Consell, a agentes electorales de UM durante la campaña previa a las elecciones autonómicas y municipales de 2007, señaló en este caso que ella no se encargaba de las contrataciones y que actuaba a instancias de la secretaria de Nadal, Antònia Vidal, quien le dijo que "tenía que hacer" lo que le decía, tras lo cual, ha dicho, "no volví a preguntar".

Según manifestó, Nadal le dijo que se dedicara "a la Secretaría general técnica de Vicepresidencia", que gestionaba y tramitaba la documentación de las direcciones generales de ese departamento, si bien subrayó, en relación a las adjudicaciones públicas, que "desde el inicio del expediente hasta su conclusión, estaba tranquila porque pasaba por multitud de filtros".