El Gobierno local valora la sentencia de ayuda a domicilio porque "obliga a la Junta a establecer nuevo convenio"

La teniente de alcalde y concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén, Reyes Chamorro (PP), ha valorado como "muy aclaradora" la sentencia que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Jaén ha dictado en relación al conflicto por la prestación del servicio de ayuda a domicilio que ha venido enfrentando desde finales del año 2013 a la Gobierno local de José Enrique Fernández de Moya con el Ejecutivo andaluz, y ha mostrado su satisfacción por la misma porque, según la edil, "la Justicia obliga a la Junta de Andalucía a establecer un nuevo convenio para la prestación del servicio de dependencia".

La teniente de alcalde y concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén, Reyes Chamorro (PP), ha valorado como "muy aclaradora" la sentencia que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Jaén ha dictado en relación al conflicto por la prestación del servicio de ayuda a domicilio que ha venido enfrentando desde finales del año 2013 a la Gobierno local de José Enrique Fernández de Moya con el Ejecutivo andaluz, y ha mostrado su satisfacción por la misma porque, según la edil, "la Justicia obliga a la Junta de Andalucía a establecer un nuevo convenio para la prestación del servicio de dependencia".

Además, la sentencia señala que el Ayuntamiento "denunció en tiempo y forma el convenio que estaba vigente" entre dicha administración y la Junta, suscrito en 2007, según ha valorado Chamorro en una nota en la que ha querido valorar la sentencia conocida este lunes, que estima el recurso que el Gobierno andaluz había interpuesto contra un decreto municipal del 28 de noviembre de 2013 en el que el Consistorio acordaba "que se tramite la baja en el servicio de ayuda a domicilio en el marco de la Ley de Dependencia que se venía prestando por parte del ayuntamiento, con fecha 3 de diciembre de 2013", y que desde el día 4 de dicho mes "la prestación del servicio la llevará a cabo la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales" de la Junta de Andalucía.

Pese a ello, la concejal de Asuntos Sociales ha destacado que la sentencia "reconoce la morosidad de la Junta de Andalucía en el pago de este servicio", y razona que la denuncia del convenio de 2007 "'atendiendo el interés público de la materia y las obligaciones que la normativa impone a ambas administraciones, debe interpretarse como una llamada a la contraparte a la renovación del convenio, a la negociación interadministrativa para que en el nuevo pacto se superen las dificultades surgidas'".

"Esto es lo que dice la sentencia y que obliga a la Junta de Andalucía a establecer un nuevo convenio con el Ayuntamiento, ya que el convenio fue denunciado en tiempo y forma, y por lo tanto, actualmente no hay convenio en vigor que regule la prestación de este servicio", abunda en ese sentido Chamorro.

La concejal también puntualiza que el Ayuntamiento "ha venido cumpliendo con su obligación al cien por cien", y ha "priorizado la atención a las personas dependientes, como es la recepción y tramitación de expedientes, elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) y seguimiento de los dependientes, así como seguir facilitando las infraestructuras propias que se tienen en los centros sociales para que las trabajadoras puedan atender allí a los usuarios".

Según Chamorro, "al margen de lo que son nuestras competencias, no podemos hacer nada más, sobre todo cuando hay ya una resolución judicial que dice que el convenio está denunciado en tiempo y forma por parte del Ayuntamiento, y que hay que establecer un nuevo convenio para la prestación del servicio de Dependencia".

Así, ha urgido a la Junta a que "si tiene interés en resolver esta situación, convoque cuanto antes una reunión con el Ayuntamiento para tratar las condiciones del nuevo convenio", incidiendo en que "la sentencia destaca que es competencia de la Junta de Andalucía la prestación de este servicio, y por lo tanto, hay que establecer un nuevo convenio".

"Así lo dice la conclusión al señalar que 'De toda la exposición normativa y razonamiento expuestos resulta que la Junta de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de servicios sociales en su territorio, correspondiendo a los ayuntamientos y diputaciones, por su mayor cercanía al usuario, la obligación de colaborar y participar del modo y forma señalados más arriba'", concluye la concejal.

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