El secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, Gaspar Llanes, y la directora de la Agencia de Defensa de la Competencia andaluza (ADCA), María Victoria Román, han mantenido un encuentro con el director general de la empresa Siderúrgica Sevillana, Mauro Pozzi, que ha agradecido a la Administración andaluza el apoyo a la industria andaluza con elevadas necesidades energéticas para amortiguar el coste de su factura eléctrica.

Según indica la Junta en una nota, el empresario, que ha acudido al encuentro en representación también de otras industrias electrointensivas andaluzas, reconoce así las distintas iniciativas emprendidas por la Administración autonómica contra la decisión del Gobierno central de modificar en 2014 las condiciones de la prestación del servicio de interrumpibilidad.

Ha recordado que el mecanismo de interrumpibilidad obliga a las empresas electrointensivas a desconectarse de la red ante cualquier incidente que haga peligrar la estabilidad y seguridad del suministro eléctrico en España. Hasta el pasado año, todas las empresas dispuestas a interrumpir su conexión a la red eran compensadas por ello con unas partidas que abarataban su factura de la luz.

Sin embargo, una orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo*publicada en noviembre de 2013 cambió las reglas de juego preexistentes, imponiendo un sistema de subastas que obliga a las empresas a pujar para prestar el servicio de interrumpibilidad, es decir, por estar dispuestas a parar su producción ante una orden de Red Eléctrica de España, como operador del sistema.

Indica que el nuevo mecanismo debilita la competitividad de un grupo de empresas andaluzas que, en conjunto, suponen el siete por ciento de la producción industrial de esta comunidad autónoma y el 2,5 por ciento de su empleo industrial.

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, alertó en una comparecencia ante el Parlamento andaluz el 6 de marzo de 2014 de que las nuevas condiciones del servicio de interrumpibilidad ponían en riesgo en Andalucía un total de 5.130 empleos y una producción de 4.487 millones de euros.

IMPUGNACIÓN

La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) expresó en un informe de posición sus reservas ante el nuevo marco regulador del servicio de la interrumpilidad y solicitó formalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que impugnara ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa la orden ministerial, "debido a sus perniciosos efectos para la libre competencia en los mercados".

Esa solicitud fue formulada en dos ocasiones; esto es, la primera vez, en diciembre de 2013, tras aprobarse la orden IET/2013/2013; y con posterioridad, en septiembre del 2014, tras publicarse la resolución de 1 de agosto de 2014, que regulaba las condiciones de la subasta en desarrollo de la normativa ministerial.

Ello, debido a la potestad de que goza la Agencia para instar la actuación de los organismos estatales de defensa de la competencia en pro del interés general de Andalucía, gracias a una reforma introducida en la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas.

En ambas ocasiones, la Agencia de Competencia andaluza puso de manifiesto que el sistema de subasta ideado "impide prestar el servicio a muchas de las industrias españolas que ya venían efectuándolo". También cuestionó la controvertida previsión normativa de establecer subastas por separado en los dos tipos de producto contemplados en función de la mayor o menor potencia interrumpible que pudieran ofrecer las empresas: el de 5 MW (para industrias electrointensivas con pequeña potencia contratada) y el de 90 MW (para industrias electrointensivas de gran potencia contratada).

Coincidiendo con los dictámenes de la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la autoridad andaluza de competencia subrayó que la diferenciación de la potencia interrumpible por tamaño "no estaba justificada ni técnica ni jurídicamente".

La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía cuestionó también los previsibles resultados de la subasta del producto de 90 MW, debido al reducidísimo número de plantas industriales en España capaz de suministrar tal interrumpibilidad y de la escasa presión competitiva de las licitaciones.

La Agencia también planteó su disconformidad sobre el nuevo mecanismo de asignación del servicio de interrumpibilidad ante la Secretaria del Consejo para la Unidad de Mercado, el pasado julio.

Volvió entonces a exigir la inmediata modificación de la norma por el Ministerio de Industria o su impugnación por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al amparo del artículo 27 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.