El precio medio por minuto en llamadas desde Europa a España (sin IVA) de tres operadores españolas (Movistar, Vodafone y Orange) se sitúa entre los 75 y los 80 céntimos por minuto. A esto habría que sumarle el coste del establecimiento que en la actualidad es de 45 céntimos en Movistar y Orange y 47 céntimos en la compañía Vodafone.

En la nueva operadora Yoigo, el coste de establecimiento de las llamadas europeas es de 12 céntimos (el mismo que en las comunicaciones nacionales) pero el coste por minuto es mayor que el de las otras compañías: 1,20 euros.

La bajada de tarifas supondrá una disminución de ingresos de las operadoras europeas en 2.800 millones de euros al año, con datos de 2005, según la Asociación GSM que agrupa a las operadoras. Aún queda saber si las compañías subirán los precios para paliar esta pérdida.

«Malo para el mercado»

La asociación GSM considera en un comunicado que esta propuesta «perjudica a la competencia en el mercado de móviles y a la larga afectará a los consumidores».

Sin embargo, desde la asociación de consumidores Facua afirman no confiar en las quejas de las operadoras y denuncian que éstas «continuarán con beneficios abusivos aunque se bajen las tarifas a 49 céntimos», según afirmó su portavoz, Rubén Sánchez.

«Un negocio brutal»

«El roaming es un negocio brutal. El precio por minuto de las llamadas internacionales debería situarse por debajo de los 40 céntimos para que fuera justo», asegura el portavoz de Facua.

Además, «fuera de Europa, en Sudamérica por ejemplo, el precio por minuto de las comunicaciones internacionales llega a los 3 euros; allí Movistar se aprovecha de ser el dueño del mercado», asegura Rubén Sánchez.

Se debatirá en el Parlamento

Este principio de acuerdo de reducción de tarifas del roaming fue aprobado el pasado martes entre la Presidencia alemana de la UE y el Parlamento y se debatirá el próximo 23 de mayo en la Eurocámara, según explicaron fuentes de la Comisión Europea a 20 minutos. Ahora, tiene que ser ratificado por el Parlamento y por los Veintisiete. España, Reino Unido y Francia se oponen en principio a este preacuerdo. Algo que podría estar motivado por la condición de destino turístico de estos países y por los beneficios que atesoran gracias a los viajeros en verano.