La Junta de Andalucía ha expresado "discrepancias" sobre la regulación estatal relativa a la 'licencia deportiva' única recogida en la Ley 15/2014 de racionalización del sector público y ha acordado con el Gobierno de la Nación designar un grupo de trabajo que proponga una solución.

La creación de este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en el caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre los apartados de la norma en los que mantienen "discrepancias".

El Pleno del Parlamento andaluz ya expresó el pasado mes de marzo, con la única abstención del PP-A, su rechazo a la implantación en Andalucía de la 'licencia deportiva única' planteada por el Gobierno central para participar en competiciones deportivas oficiales en cualquiera de los ámbitos, estatal o autonómico donde se quiera competir, e instó a la Junta a tomar todas las medidas necesarias para defender las competencias de la comunidad en esta materia.

En concreto, Junta y Gobierno decidieron poner en marcha un grupo de trabajo el pasado 4 de diciembre en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según un acuerdo suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.

En dicho acuerdo, consultado por Europa Press, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias" en relación con los artículos 12 a 15 y 23 de la disposición transitoria octava de la Ley 15/2014 de racionalización del sector público. Estos artículos regulan los cambios en la Ley del Deporte relativos a la regulación de la licencia deportiva única.

Ante las "discrepancias" expresadas por la Junta sobre la regulación estatal, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional (TC) "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".

Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".