BBVA ha anunciado que va a presentar recurso ante la resolución de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que ha sancionado con 1,62 millones de euros a BBVA por "incumplimiento de la función social de sus viviendas en Andalucía", ante lo que la entidad financiera ha asegurado y recordado que la sanción impuesta por la Junta a BBVA "es una sanción por incumplimiento de un trámite administrativo y no por incumplimiento de la función social de vivienda".

Fuentes de BBVA han recordado asimismo a Europa Press que "no es una sanción nueva, sino el desestimiento a las alegaciones presentadas por el banco a la sanción impuesta hace un año".

BBVA asimismo ha asegurado que la entidad financiera "tiene definida una política activa en materia de vivienda social, que garantiza techo a todas las familias clientes de BBVA en riesgo de exclusión social con préstamo hipotecario".

Además, han recordado que BBVA "aportó 900 viviendas al Fondo Social de Vivienda y se adhirió al Código de Buenas Prácticas".

La entidad financiera ha resaltado que BBVA "es muy activo en refinanciar la deuda de los clientes con el fin de ajustar las cuotas la capacidad de pago de sus clientes, permitiendo que mantengan así la propiedad de sus viviendas".

La sanción

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sancionado con 1,62 millones de euros a BBVA por "incumplimiento de la función social de sus viviendas en Andalucía", toda vez que considera que la entidad "ha incumplido la obligación legal de ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes, mecanismo que garantiza su adjudicación conforme a criterios socioeconómicos objetivos y evita la especulación con las mismas".

En una nota, la Consejería ha explicado que esta obligación fue establecida por el artículo 20m de la Ley de Vivienda Protegida, que fue introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda.

La Junta precisó que en el caso del BBVA, el número de viviendas sin ofrecer a los registros que ha acreditado la Consejería es 27 viviendas. La sanción es de 60.000 euros por vivienda, al constituir cada omisión del deber de cederla al registro una infracción muy grave de la Ley de Vivienda Protegida. Los inmuebles se encuentran en las provincias de Granada (siete), Cádiz (seis), Almería (cinco), Huelva (cinco), Málaga (dos) y Sevilla (dos).